El último dato sobre la inflación ha encendido las luces amarillas en el cuadro de mandos de la economía española. El dato de enero, que situaba el IPC en el 3% interanual, supone el mayor crecimiento de los precios desde hace más de cuatro años, situando la inflación española bien por encima de la media de la eurozona, situada en el 1,8%. La razón fundamental es el notable incremento de los precios de los hidrocarburos y de la energía, por un lado, y de la aparente escasez de algunos productos no elaborados. De manera que la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta los elementos más volátiles del índice de precios, se sitúa en el 1% para España, y en el 0,9% para la eurozona. No debería inquietarnos, por lo tanto, mantener durante estos primeros meses de 2017 una inflación elevada, fruto también en gran medida del inusual comportamiento de los precios durante los años del ajuste económico. Que los precios crezcan ahora es señal de que la economía está alcanzando su velocidad de crucero en la recuperación.

Otra cosa son sus efectos a largo plazo: de acuerdo con el último informe del FMI sobre España, uno de los factores de la recuperación económica ha sido el bajo precio de la energía. Si el precio del petróleo y de la energía eléctrica se dispara en España, este incremento supondrá un sobrecoste para ciudadanos y empresas, que deberán pagar más cara su factura y, en el caso de las empresas, repercutirán este mayor coste en los precios de venta al público. Si la situación se mantiene, España perderá parte de la competitividad ganada a través de la devaluación salarial de los últimos años, con un importante perjuicio para nuestra actividad económica y para el poder adquisitivo de los salarios.

Si queremos evitar una pérdida continuada de competitividad, debemos actuar sobre aquellos factores que han representado el principal factor de crecimiento de los precios, que no es otro que el deficiente diseño de nuestro modelo energético, que necesita de una urgente reforma destinada a acabar con un sistema de precios energéticos que se sitúan entre los más altos de Europa, con un enorme coste social y económico.

El laberinto energético español es difícil de resolver: las regulaciones se improvisan a golpe de telediario, se anulan provisiones sobre las que se desarrollaron inversiones millonarias, se dificultan medidas como el autoconsumo o el almacenamiento de la electricidad, existe una ausencia prácticamente total de planificación y de transparencia tanto en la estructuración del sistema como en la operativa diaria del mercado.  Con unas condiciones excepcionales para las renovables, tenemos un alto nivel de dependencia energética del exterior y estamos lejos de cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de energía baja en carbono.

Las razones se reparten entre una regulación muy poco eficaz, gestores poco profesionales y una industria demasiado celosa de sus dividendos, que tiene prácticamente capturado al regulador. El cuestionamiento público de la elección del anterior director general de la Guardia Civil para un puesto en el Consejo de Red Eléctrica Española, responsable de ordenar la distribución de la energía, no es nada comparado con el vergonzoso y gravísimo caso de la posible reapertura de la central nuclear de Garoña, en el que el Consejo de Seguridad Nuclear está jugando con nuestra seguridad y salud, mostrando hasta qué punto los intereses económicos están por encima del interés general.

España tiene un problema grave con su sistema energético. Urge actuar antes de que sea tarde. Empezando por volver a rescatar al regulador de las presiones e intereses de una industria cuya transparencia esta lejos de ser ejemplar.