A la mayoría de los seres humanos nos gusta vivir juntos. Tanto es así que, desde mediados de esta década, la población mundial es mayoritariamente urbana. Según Naciones Unidas, en 2015 el 54% de la población mundial vivía en ciudades, un total de 3.800 millones de personas; Tokio, con 38 millones de personas, era la más grande del mundo. España no se escapa a esta tendencia, y en 2015 el 79% de la población española vivía en ciudades, frente al 21% que se mantenía en el ámbito rural. Unos porcentajes muy similares a los existentes en otros países europeos de referencia.

El impacto económico y ambiental de las ciudades es incontestable. El 59% de la población europea vive en zonas metropolitanas, que concentran el 67% del producto interior bruto y el 62% de los empleos. También concentran el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren siete millones de personas por enfermedades relacionadas con la calidad del aire, un grave problema de las aglomeraciones urbanas, donde la concentración de contaminantes debida al transporte supone un importante reto. Solo en Londres, son 10.000 muertes anuales. El desarrollo urbanístico es también clave: con la misma población, Atlanta emite diez veces más contaminantes que Barcelona. La diferencia está en la urbanización difusa –grandes áreas con viviendas unifamiliares– frente a ciudades compactas y en el uso del transporte privado frente al público.

Las ciudades son verdaderos monstruos de absorber recursos, procesarlos y devolverlos al planeta en forma de residuos. Su gestión sostenible se ha convertido en un asunto clave para el futuro de la economía mundial, y también de la española. Y para ello es importante que las autoridades locales tengan herramientas suficientes para hacer frente a los retos a los que se enfrentan. Nuestros municipios pasaron una etapa compleja en materia de financiación, pero desde el año 2012 están en superávit, y España es, de hecho, el cuarto país de la Unión Europea con mayor superávit público local. Además, los presupuestos de las autoridades locales representan el 6% del PIB español, frente al 9% promedio de la eurozona. Es decir, mantenemos unos municipios con presupuestos limitados y sometidos además a las reglas de control del gasto que hacen que, pese a que se encuentran en superávit, no puedan invertir más en la calidad de vida de sus ciudadanos.

2016 fue un año importante para lo local: en octubre se aprobó la Agenda Urbana de Naciones Unidas en la conferencia Habitat III en Quito, y la propia Unión Europea aprobó su Agenda Urbana, proponiendo un modelo de desarrollo sostenible, inteligente e integrador, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben ser necesariamente implantados en el territorio. Toda una oportunidad para la transformación de las ciudades, pero si los municipios no tienen recursos, por una regla de gasto que los castiga injustamente, será difícil que puedan acometer las inversiones necesarias para su desarrollo. A finales del año pasado, se aprobaron las ayudas para el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, financiadas con fondos europeos. Pero estos fondos solo se recibirán una vez los ayuntamientos hayan ejecutado las inversiones, lo cual supone una nueva tensión en su finanzas, máxime si tenemos en cuenta sus presupuestos estrangulados.

España debería hacer un esfuerzo por recuperar y amplificar el poder local. Los gobiernos locales son más innovadores y flexibles, y están más cerca de la ciudadanía y sus problemas. Es imprescindible acabar con la desconfianza y dotar a nuestros municipios de los recursos y el poder necesarios para que lideren la transición hacia la sostenibilidad, la prosperidad y la integración social.