Puede ser el camino hacia la 'sociedad postcapitalista', como reclaman Rifkin y Mason, o una fórmula de competencia desleal y evasión fiscal, como denuncian los sectores perjudicados. Lo que sí sabemos es que la economía colaborativa ha llegado para quedarse y todas aquellas profesiones y sectores que se basen en ofrecer acceso un servicio corren el riesgo de verse profundamente afectados.

El ejemplo más notorio de la economía colaborativa es la Wikipedia, donde cientos de miles de autores colaboran desinteresadamente para ofrecer un servicio enciclopédico de creciente calidad que ha llevado al traste con el centenario negocio de las enciclopedias en papel. La Enciclopedia británica, la más importante y famosa, creada a finales del siglo XVIII descontinuó su impresión en 2012, con un mercado agotado por la existencia de una alternativa gratuita, quedando únicamente como servicio online. Pero no es la altruista Wikipedia la que ha levantado la mayor de las polémicas, sino las plataformas de negocio lucrativo que se basan en poner en contacto particulares para la realización de servicios que antes realizaban profesionales.

Empresas en internet que sirven para contratar transporte o alojamiento entre particulares están haciendo un notable agujero en las perspectivas de negocio de industrias enteras, que asisten impotentes a la reducción de costes que suponen dichos servicios.

Recientemente, el Centro Europeo de Estudios sobre Políticas Públicas publicó un estudio analizando los impactos de dichas plataformas colaborativas en el empleo, la fiscalidad y la competencia. Sus conclusiones no son definitivas, pero el informe alerta de que en buena parte el éxito de estas plataformas se basa en aprovechar los fallos de regulación que permiten, por ejemplo, que los apartamentos de alquiler entre particulares no tengan que cumplir los estándares exigidos para hoteles, generando así competencia desleal, por no hablar de las posibilidades de evasión fiscal que generan.

El concepto de economía informal entre particulares no es nuevo: es tan antiguo como la vida misma. Siempre ha habido espacios de intercambio de servicios al margen del mercado y de la regulación. La vecina que arreglaba la ropa o la habitación que se alquilaba en verano para turistas en zonas rurales. El problema es que las plataformas de internet multiplican el acceso con una escala que amenaza la actividad económica formal. Cuando nuestra costurera no sólo arregla la ropa de las vecinas, sino que ofrece un servicio abierto al mercado, ha convertido su actividad en un negocio recurrente y debe someterse a las mismas reglas que los demás.

Regular la economía colaborativa no es sencillo. La motivación que la inspire debe ser el interés general y no la protección de los sectores tradicionales que vean amenazadas sus posiciones en el mercado. La decisión de la Comunidad de Madrid de prohibir los alquileres de apartamentos de menos de cinco días responde a la segunda motivación, y como tal, ha sido anulada por la justicia.

Nos encontramos sin duda ante un problema creciente. En la sociedad red, como ya advirtió Toffler en los ochenta y ha corroborado Rifkin, todos seremos prosumidores, esto es, una combinación de productores y consumidores. Las regulaciones basadas en relaciones laborales y protección al consumidor están desenfocadas y son inadecuadas para atender la nueva realidad. No porque haya demasiada o poca regulación, sino porque el modelo de producción basado en el compartir y la colaboración entre pares no cabe en la misma. Prohibirlo o limitarlo es un grave error: lo que debemos hacer es trabajar para convertirlo en una oportunidad para generar riqueza y prosperidad. La incógnita es saber si estamos preparados para ello.