El pasado día 6 de julio, el Foro Económico Mundial publicó su informe global de tecnologías de la información, correspondiente al año 2016. En el mismo, que recoge el índice de preparación digital, España ha perdido un puesto respecto a su clasificación en 2015, pasando del puesto 34 al puesto 35, por debajo de prácticamente todos nuestros países de referencia, con la excepción de Italia. El índice del Foro Económico Mundial se construye evaluando ocho pilares que incluyen el marco regulatorio, las infraestructuras, el entorno empresarial, las habilidades digitales o la intensidad del uso de la TIC.

Estar en un índice en un determinado puesto no signfica, en sí mismo, mucho, pero sí sirve para identificar tendencias existentes y, contrastando con otros estudios, identificar si España está avanzando adecuadamente en la transición hacia una economía digital. Y en este sentido debemos señalar que los progresos desarrollados por España son insuficientes. En 2013, España se situaba en el puesto 38, pasando al 34 para ahora retroceder un puesto. Si atendemos a los datos que ofrece el DESI (el Índice de Economía Digital de la Unión Europea), España ha mejorado en los últimos años, acercándose ya a la media de la Unión Europea, pero el mayor componente de mejora se sitúa en una única dimensión, que es la aplicación de servicios digitales online por parte de las administraciones públicas.

En efecto, en España es el sector público el que lidera la adaptación digital: de acuerdo con el Digital Scoreboard de la Unión Europea, el uso del e-government en España está entre los cinco países con mejor desempeño en esa práctica, dato que corrobora el Foro Económico Mundial, que sitúa los servicios gubernamentales online como los cuartos de su ranking mundial, una posición excepcional, dado el resto de puntuaciones. Esta posición coincide con el índice de e-government de Naciones Unidas, que en 2014 situaba a España en el puesto número 12 mundial.

Teniendo como tenemos uno de los sistemas de e-government más avanzados del mundo, deberíamos preguntarnos por qué, cuando incorporamos otras variables, retrocedemos a puestos mucho más discretos. Cabe señalar algunas razones en función de las puntuaciones obtenidas en otros criterios: España puntúa peor en el uso individual de las redes y en las aplicaciones empresariales, con pocos progresos en esos pilares, y particularmente mal en el entorno regulatorio y de políticas públicas. Nos encontramos por lo tanto antes una paradoja: uno de los mejores gobiernos mundiales en materia de uso digital no está siendo capaz de trasladar esta experiencia hacia los ciudadanos y el sector empresarial, que no están aprovechando todas las capacidades y posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información para mejorar su competitividad.

El entorno regulatorio e institucional es, de nuevo, fruto de preocupación, porque no está funcionando como impulsor de la transformación digital, sino como freno. Está muy bien poder instalar un programa de firma digital para una Unión Temporal de Empresas de manera rápida y eficaz. La pregunta es si es necesaria esa firma digital o si para obtenerla es necesario tener que pasar al menos otros cuatro trámites de constitución.

Si queremos acelerar la transición digital de nuestra economía, España debe realizar esfuerzos adicionales. Deberíamos aprender de la experiencia que han supuesto las buenas prácticas gubernamentales en materia de administración electrónica, e impulsar un entorno más favorecedor que permita la transformación digital del sector empresarial. El sector público debería no sólo mirarse hacia dentro, sino promover aquellas políticas regulatorias y de promoción que impulsen la economía digital más allá de sus edificios y servicios.