La síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, preguntó el pasado jueves en Les Corts al presidente Ximo Puig por qué los valencianos "tienen que pagar el doble por una herencia o hasta el cuádruple por una donación". Sánchez se refería al desequilibrio entre comunidades, lógico hasta cierto punto si se tiene en cuenta que los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio están transferidos y son las autonomías las que pueden fijarlos en función de sus necesidades o de su política fiscal.

Hasta ahí, nada que objetar. Lo que llama la atención del argumento esgrimido en la enmienda de Cs a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2018 es la alusión a las clases medias. Este partido propone aumentar el mínimo exento de tributación en sucesiones desde 100.000 euros a un millón para descendientes, ascendientes y cónyuges; en donaciones, recuperar la bonificación por parentesco hasta los 150.000 euros; y, en patrimonio, subir el mínimo para pagar de 600.000 a 700.000 euros.

¿Son estas magnitudes, de cientos de miles de euros, y de hasta un millón, clase media? ¿Quién puede optar a semejantes herencias? ¿Qué familia media tiene más de 600.000 euros de patrimonio? Ojalá esta fuera una preocupación social mayoritaria. Pero no lo parece.