Una vuelta de tuerca más a la indescifrable factura de la luz

Una vuelta de tuerca más a la indescifrable factura de la luz

Jorge Morales
JORGE MORALES DE LABRA FUNDACIÓN RENOVABLES

Millones de consumidores reciben estos días una "refacturación complementaria" de sus recibos de la luz de -atención- los últimos tres años. Las cantidades son, en la mayor parte de los casos, pequeñas, de uno o dos euros, tanto mayores cuanto mayor fuera el consumo de energía durante el periodo facturado y tanto menores cuando mayor fuera la potencia contratada, esto es, la parte fija del recibo, esa que no depende de las vueltas del contador sino de los electrodomésticos que podemos conectar a la vez.

La lógica es siempre la misma: el Gobierno aprueba una reforma, las compañías eléctricas la recurren y la ganan

La razón de esta refacturación, que afecta a quienes desde abril de 2014 hasta diciembre de 2016 estuvieron acogidos a la tarifa oficial fijada por el Gobierno (Previo Voluntario del Pequeño Consumidor, PVPC, en terminología del sector), es que el margen comercial de las eléctricas que estableció en su día el Gobierno ha sido reputado insuficiente por el Tribunal Supremo. Y posiblemente la refacturación será refacturada, porque las eléctricas han vuelto a recurrir el nuevo margen y en esta ocasión cuentan a su favor con un informe oficial (de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que calculaba un margen muy superior al ahora fijado.

Lamentablemente nos estamos acostumbrando a no saber cuánto pagamos por la luz. Son ya muy frecuentes las refacturaciones (esto es, volver a facturar lo ya girado y cobrado) en los últimos años. La lógica es siempre la misma: el Gobierno aprueba una reforma, las compañías eléctricas la recurren y la ganan en los tribunales que imponen al Gobierno la modificación de la reforma. El Gobierno entonces reforma la reforma y vuelta a empezar. Así ha pasado en los últimos cinco años con los peajes eléctricos, con las primas a los excrementos porcinos, con el citado margen de comercialización, con los suplementos territoriales y posiblemente volverá a pasar con los laudos de arbitrajes internacionales que se espera condenen -ya existe un primer caso- a España por los recortes de primas a las renovables perpetrados en los últimos años. Y no acaba ahí la lista. Existen multitud de recursos pendientes de sentencia que previsiblemente iremos conociendo en los próximos meses y que podrían volver a modificar nuestras maltrechas facturas. Especial mención merece, por su importe, la reclamación sobre el denominado impuesto a la generación. Nada menos que 2.000 millones de euros anuales desde el año 2013 que el sector confía en que serán declarados ilegales por los tribunales. Abróchense los cinturones. El Gobierno cuenta con un cierto colchón ya que, por increíble que parezca, reserva una parte de nuestra factura eléctrica para atender posibles contingencias judiciales; pero si esta resulta insuficiente la refacturación es inevitable.

Existen multitud de recursos pendientes de sentencia que podrían volver a modificar nuestras maltrechas facturas

No sorprende que hace poco propusiera irónicamente no hacer cuentas con los precios de la luz en España hasta que hayan pasado al menos 15 años. De esta forma podríamos considerar en los cálculos los déficits de tarifa y las refacturaciones sin temor a que éstos se vieran modificados con posterioridad. El problema, claro, es que nuestros responsables políticos no podrían entonces alardear durante sus mandatos de bajadas del recibo que con el tiempo devienen ficticias.

Aparte de la inestabilidad y de la sensación de vulnerabilidad que nos provoca semejante comportamiento, una consecuencia me resulta de especial preocupación. Cada vez que se produce una refacturación la situación es aprovechada por ciertos comerciales que, a puerta fría o a través del teléfono, acuden a los domicilios de los desarmados consumidores a garantizarles que, cambiando a su compañía, se evitan este tipo de recargos. Naturalmente mienten: la regulación y las sentencias de los tribunales son, por el momento, iguales para todos. Uno, en función de su tarifa o de su ubicación geográfica, puede tener más o menos suerte en cuanto a que le apliquen unas u otras refacturaciones; pero la aceptación de una oferta a posteriori resulta irrelevante. Lo peor es que, además de mentir, los comerciales ocultan el dato de que, como viene acreditando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desde hace años, en la inmensa mayoría de los casos lo más barato es quedarse en la tarifa refugio que fija el Gobierno (ya sabe, el PVPC). Con las súper ofertas a puerta fría puede llegar a pagar un 30% por lo mismo. Esta es la liberalización que en unos meses cumple veinte años en España y que nos iba a traer competencia. Seguimos esperando.

El Gobierno debiera tomar nota a la hora de regular de los perjuicios que suponen los cambios a posteriori. Abogados del estado que garanticen un adecuado blindaje jurídico a los cambios regulatorios no faltan. Eso sí, el oportunismo político en lo que a la factura de la luz se refiere quedaría sensiblemente mermado.

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