El derecho, la ética y la política tienen escalas de valores diferentes. La historia nos enseña que su mezcla nunca condujo a nada bueno (justicia politizada, gobierno puritano, moral de conveniencia) pero estamos en eso. Cualquier denuncia de corrupción convoca a una condena simultánea desde esos tres sistemas normativos; públicamente se ha convertido en el mal absoluto. Por eso la fiscalía Anticorrupción requería de un jefe que estuviera a salvo de reproche alguno desde todos esos sistemas de valores. En materia de corrupción, la presunción de inocencia que concede el derecho no basta como defensa para ningún cargo público, como sabemos desde hace tiempo; lo mismo que la justificación moral es absolutamente insuficiente sin el respeto a la legalidad. Pero esta última, por sí sola, tampoco es bastante frente a las exigencias de la política, que están hechas de todo un complemento de cualidades: confianza, credibilidad, imagen de imparcialidad, respeto a unos principios. Cuando se alega como toda disculpa que la sociedad panameña de Moix está "dentro de la legalidad", es que no se ha entendido nada del problema.

De cara a la elección del sustituto de Moix, se imponen otros requisitos, no escritos, además de los diez años de antigüedad que establece el Estatuto de la fiscalía; que no deben salir de la política partidista ni son precisamente los que impone el miedo a la cita del día 26 de julio o a otros procedimientos en curso.