La cuestión catalana: las salidas vedadas a Rajoy

La cuestión catalana: las salidas vedadas a Rajoy

Gonzalo Martínez-Fresneda. Abogado penalista
GONZALO MARTÍNEZ-FRESNEDA ABOGADO

El periódico Le Monde, dedicaba su editorial del pasado miércoles al “enfrentamiento” entre Madrid y Barcelona. Tras explicar que, desde que en 2010 el Tribunal Constitucional invalidó una parte del estatuto de autonomía de Cataluña, “dos lógicas se enfrentan en una ausencia total de diálogo” , termina aconsejando a Rajoy que siga el ejemplo de David Cameron que autorizó a Edimburgo a organizar su referéndum, perdido por los independentistas.

Una pregunta se impone: ¿Cuál sería el resultado previsible de un referéndum “legal”, pactado con el gobierno central y celebrado con todas las garantías? Partiendo de unas encuestas que dan ya ventaja a los contrarios a la independencia, teniendo en cuenta el resultado de los referendos similares en Escocia y Quebec, así como –sobre todo- que en la campaña los partidarios de seguir unidos a España pondrían de manifiesto los serios riesgos que comportaría la desconexión para el futuro de Cataluña e irían a votar en bloque, parece lo más probable que el resultado sería contrario a la independencia. Y este resultado silenciaría la “cuestión catalana” para varias generaciones. Sólo la derecha española podría pilotar una operación semejante

Sólo la derecha española podría pilotar una operación semejante, pero no lo va a hacer. En primer lugar, por el precedente que crearía para otras regiones (o países, si ustedes prefieren) de nuestra España invertebrada. Pero sobre todo porque la sola posibilidad teórica de dar a una parte de los españoles la opción de separarse es algo absolutamente inasumible para amplios sectores del PP.

Descartada esa solución, el gobierno central sólo ha sabido moverse en la invocación de la legalidad vigente, entregando a su enemigo no sólo el territorio de la política, sino también el de los ideales. Pero la reiterada invocación de la legalidad por parte de Rajoy no tiene ya más recorrido político. De entrada, la ley no es una palabra que suscite otro sentimiento que el de temor; desde luego provocará una actitud de respeto en los buenos ciudadanos, pero no es una consigna capaz de movilizar a las masas. Por otra parte, todo el mundo ha visto lo poco que cuesta cambiar la ley cuando el gobierno de turno ha sentido la necesidad política de hacerlo: en una noche de agosto se modificó la regulación del gasto público en la Constitución y en dos noches de invierno se puso patas arriba todo el andamiaje legal de las relaciones laborales.

En el terreno de los ideales y sus emociones, hace ya mucho tiempo que el gobierno de Madrid dejó de presentar batalla. No se ha sabido o no se ha querido explicar que el separatismo catalán ha crecido estos años al compás de la crisis económica y como un movimiento de total falta de solidaridad con las zonas de España más golpeadas por la crisis. Los separatistas quieren recaudar sus impuestos y administrar su riqueza para vivir mejor, sin dar nada al resto de España. Hablan del “derecho a decidir” cuando lo que está en juego son los valores superiores de igualdad y justicia (artículo 1 de la Constitución) que obligan a subordinar toda la riqueza de España al interés general (artículo 128) y a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad entre nacionalidades y regiones (artículos 2 y 138). Igualdad, solidaridad… ¿Cómo iba Rajoy a combatir el separatismo catalán sobre unos valores que su gobierno ha postergado, cuando no despreciado (“buenismo”) desde los postulados del más rabioso individualismo neoliberal? ¿Cómo iba a invocar el derecho de todos los españoles a la igualdad, quien no ha sabido adoptar otras medidas frente a la crisis que las que hacen aumentar su desigualdad económica y se felicita todos los días por el camino emprendido? Todo el mundo ha visto lo poco que cuesta cambiar la ley

Abandonando el problema al sólo debate de si las decisiones se toman en el palco del Bernabéu o por sufragio universal, la respuesta para el ciudadano catalán es poco dudosa. En este momento la inmensa mayoría de los habitantes de Cataluña, aún sin ser todos independentistas, están a favor del derecho a votar en un referéndum. Así las cosas, cada paso del gobierno central para impedirlo reafirma el sentimiento de los catalanes de afrenta a sus derechos. Hay quien dice que la convocatoria del 1-O no era más que un señuelo del gobierno de Puigdemont para que el gobierno de Madrid se precipitara por esa pendiente. Y si el paso siguiente son unas elecciones autonómicas ¿quién va a votar a los que prohíben mítines, registran imprentas, detienen alcaldes o retiran fondos públicos? Llegados a este punto, ya lo de menos es que el referéndum unilateral del 1-O no tenga validez. La desafección de la mayoría de los catalanes hacia el conjunto de España está consumada. Esa mezcla de fundamentos intocables y neoliberalismo que cohabitan en el PP le vedan tanto la solución pragmática –referéndum autorizado—como la condena del separatismo desde los principios de igualdad y solidaridad que habrían movilizado a gran parte de la sociedad española –incluida Cataluña- en contra del separatismo.

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