La captación y grabación directa de comunicaciones orales, incluso las sostenidas en su propio domicilio por una persona investigada, puede ser autorizada por un Juez de Instrucción para la averiguación de hechos delictivos comunes, sin necesidad de que se trate siempre de terrorismo ni de una organización criminal. La ley Orgánica 13/2015 que permitió estas grabaciones también prevé otras medidas invasoras tanto del derecho a la intimidad como del secreto de las comunicaciones o de la inviolabilidad del domicilio, como son la intervención de comunicaciones telemáticas, el registro remoto de equipos informáticos (hackeo), la obtención secreta de imágenes, los dispositivos técnicos de seguimiento y localización o los agentes encubiertos informáticos. Es la misma ley que cambió el nombre de 'imputado' por el de 'investigado'; guante de seda para puño de hierro.

Los micrófonos ocultos en el despacho de Ignacio González inauguran el uso para políticos bajo sospecha de esta herramienta de investigación; sus posibilidades de crecimiento en ese gremio son infinitas y no necesariamente limpias, a pesar del control judicial. La opinión pública lo aceptará con fruición no exenta de morbo, sin reparar en que el método se extenderá después al común de los ciudadanos investigados, no todos necesariamente culpables.

Introducir secretamente un dispositivo de escucha en un domicilio particular exige una violencia sobre las cosas muy superior a una simple entrada y registro. En cada caso, para que la orden del juez sea eficaz, habrá que ejecutarla con una mezcla de sigilo y escalo. Ganzúas, nocturnidad… el Estado se viste de delincuente para luchar contra el delito. Escalofrío.