Los promotores del referéndum sobre la independencia de Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, no cumplieron este domingo su objetivo. Pero la jornada de tensión escenificó una fractura –de la ley, de la convivencia, del diálogo- que debe ser restaurada. Por su inutilidad y porque atañe al proyecto común no solo de todos los españoles sino también de Europa. La convivencia debe asentarse sobre el respeto a la legalidad democrática y la lealtad institucional. Tras la desautorización de la consulta por la Justicia, este referéndum sobrevenido sobre la creación de un Estado catalán se convirtió en un desafío al Estado democrático y de Derecho. Aun si la demanda como tal fuera legítima, la vía no lo era en absoluto. Por eso el Gobierno de la nación, tal como había anunciado, estaba en la obligación de impedir que se produjera una votación que, paradójicamente, colisionaba con los procedimientos democráticos.

La decisión de los promotores de la consulta -la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y el Govern- de desobedecer el mandato judicial y animar a una movilización popular notable generó tensión durante toda la jornada. Los incidentes producidos y la intervención policial, que efectuó diversas cargas con escenas de indeseada contundencia, no pueden desvincularse de ese contexto ni tampoco de la negativa de los Mossos d'Esquadra a cumplir con sus deberes como policía judicial en los centros anunciados como lugares de voto. Esta decisión reveló una voluntad de colisión institucional que dificultó el cumplimiento de las nítidas instrucciones de la magistratura en Cataluña. El cambio de las normas para votar a última hora, con el establecimiento de un censo universal, las papeletas de impresora o sin sobre, y otras irregularidades alejan de cualquier parámetro compatible con las democracias homologadas lo sucedido ayer. Ni cualquier votación no es legítima –el referéndum arbitrario es, de hecho, muy utilizado en regímenes de baja calidad democrática-, ni puede aceptarse que el fin justifique los medios. También merecen reproche las condiciones en que se aprobaron las dos leyes del Parlament que han permitido estos sucesos: hemiciclo semivacío y trámites de urgencia excepcional que hurtaron todo debate merecedor de ese nombre.

Culminación de un plan iniciado en 2015, la jornada de ayer ha evidenciado la división de la sociedad catalana, unida en torno a la defensa de su autogobierno pero fracturada respecto a un proceso que ha derivado a un ensimismamiento identitario reñido con la amplitud de miras que ha caracterizado a la sociedad catalana. Diversos analistas europeos, como Maxime Forest en el diario francés 'Liberation', han hecho notar que la crisis económica, combinada con el desapego hacia las instituciones, han propiciado la preocupante deriva del nacionalismo reivindicativo a un independentismo que adopta los modos de un discurso cerrado y excluyente. Probablemente por la apelación a las emociones propia del populismo, por un lado, y la falta de explicaciones convincentes por parte del Gobierno, por otro, se ha hecho muy difícil que se abran camino los hechos que señalan lo lesivo que sería un proyecto de división, muy en concreto para la propia Cataluña. Pero ni la invitación socialista, en pasado, a la reforma del Estatut, ni la pasividad popular en los últimos mandatos aligeraron el problema, sino todo lo contrario.

Por parte de Europa, los principales líderes han dejado claro en la reciente cumbre de Tallin que no reconocerían a una república fundada sobre la vulneración de una Constitución que consagra la soberanía nacional y que fue votada mayoritariamente por todos los españoles y, por encima de la media, por los catalanes. Las leyes deben ser cambiadas mediante otras leyes, y solo este mecanismo garantiza que los ciudadanos no se conviertan en súbditos de la arbitrariedad o la conveniencia de los gobernantes. En un país diverso y plural, las demandas de los ciudadanos de Cataluña han de ser atendidas por un diálogo basado en la ley, nunca en la imposición o en la fractura de la convivencia. Restañar la fractura causada requiere responsabilidad y esfuerzo por parte de todos los partidos. Por eso estos días, en los que sería más necesaria que nunca una unidad básica, chirrían actitudes cortoplacistas, incoherentes o encaminadas a obtener rédito electoral.

Crear barreras entre territorios y ciudadanos, que son iguales ante la ley, no parece el camino adecuado para el progreso y la consolidación de la recuperación económica.

La diversidad no debería ser interpretada como supremacismo sin sentido, sino como un valor enriquecedor y un elemento de cohesión. La jornada de ayer deja muchos interrogantes abiertos, que pueden avanzar por la escalada de tensión o reconducirse a un diálogo leal y respetuoso con las normas.

Mientras en la sede de la Generalitat se recontaban las papeletas de una votación caótica, tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, en nombre del Gobierno y del principal partido de la oposición, ofrecieron trabajar por una solución negociada dentro de la ley. Ojalá se abra camino esta opción de futuro.