Ni Puigdemont ni Maza nos van a pagar la calefacción

Ni Puigdemont ni Maza nos van a pagar la calefacción

Charo Rueda, periodista
CHARO RUEDA PERIODISTA

Un informe demoledor de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza energética, en el que ahora insiste Ayuda en Acción, dice que lejos de mejorar, la situación para millones de españoles ha empeorado y que la salida de la crisis en la que el Gobierno insiste no ha llegado ni mucho menos a donde se supone que debería llegar antes.


La pobreza energética en España, una combinación de tres factores –ingresos bajos, precios de la energía doméstica en aumento y deficientes niveles de eficiencia energética en viviendas–, afecta a 5,1 millones de personas, que tienen dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Desde la anterior edición del estudio sobre pobreza energética –de 2012– de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), la cifra se ha incrementado un 22%.


3,2 millones de personas retrasan el pago de facturas de la vivienda. Es el mismo número de personas que viven en la ciudad de Madrid; y más de 7.000 personas mueren cada año de forma prematura como consecuencia de la pobreza energética en España, una cifra que supera al número de fallecidos por accidentes de tráfico.Desde el comienzo de la crisis, el número de personas que no pueden hacer frente a las facturas energéticas ha aumentado un 80% en nuestro país y cerca de ocho millones de personas conviven con humedades y goteras en sus hogares como consecuencia de la insuficiencia energética.

3,2 millones de personas retrasan el pago de facturas de la vivienda


No por repetidas, las cifras pierden gravedad, se volatilizan y desaparecen, por ejemplo, detrás del lío catalán, por poner el ‘único’ ejemplo posible ahora mismo en España. A la gente no le va a calentar su casa que Puigdemont se haya ido a Bruselas ni que el fiscal general, José Manuel Maza, esté harto de los independentistas. Si todo desapareciera detrás del problema soberanista de Cataluña, como así parece que es en la mayoría de los medios de comunicación, miel sobre hojuelas para los más de cinco millones de personas que están temblando antes de que llegue el frío. Pero me da que esto no va a ser así. Es más, algunas iniciativas para intentar hacer frente a la pobreza energética de comunidades o ayuntamientos se han echado por tierra por una cuestión de competencias. Terrible, ¿no?


Antes de ayer conocimos que el Gobierno de España va a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley para paliar y reducir la pobreza energética de la Comunidad Valenciana, porque el Tribunal Constitucional afirmó en 2016 «la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético…». ¿No es más lógico que estos servicios los preste la administración más cercana? Parece que no. Ellos sabrán por qué. Y nosotros, también.

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