Conozco a un brillante diplomático de carrera, ahora jubilado, que se ve en la necesidad de vender su casa. La compró con los  ahorros de toda su vida logrados gracias al plus de prestar servicio en el exterior, y en ella quería disfrutar  de su retiro, pero las cuentas no le salen. El último recibo del IBI le ha conminado a sacarla a la venta antes de que los impuestos municipales arruinen su pensión. A ese extremo han llegado muchos jubilados y la gente  más  tocada por la crisis, ante la brutal subida del  Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que grava las propiedades y que la inmensa mayoría de los ayuntamientos han ido elevando hasta rozar el carácter requisitorio.

Semejante avidez fiscal tiene su origen en el desplome de la  onerosa recaudación, que antes se obtenía por los impuestos de construcciones y obras, y a la que los gestores municipales se habían acostumbrado en los tiempos de vino y rosas. Los ayuntamientos vieron en las sucesivas revisiones de los valores catastrales el filón para restituir sus fuentes de ingresos sangrando inmisericordes a los propietarios de inmuebles. En la capital de España en los últimos diez años ese impuesto se multiplicó por tres y hay municipios por todo el Estado donde la carga impositiva se incrementó aún más. Son muchos los pueblos donde han apretado tanto a las segundas viviendas que sus propietarios han optado por venderlas restando actividad económica al municipio. Están, en definitiva, echando a la gente que viene de fuera y  que le proporciona buenos  recursos a los consistorios sin que apenas demanden servicios públicos. Espantar al residente foráneo friéndole a impuestos es un pésimo negocio a medio y largo plazo para estos municipios que no andan precisamente sobrados de población.

Se da la paradoja de que la  paulatina revisión al alza de los valores catastrales, a la que se han agarrado para aumentar la recaudación, tiene lugar en un periodo en el que la crisis pincha la burbuja inmobiliaria cayendo en picado el precio de las casas. Es decir que mientras el valor de mercado de un piso se  queda en la mitad de lo que valía en 2008, su valor catastral, que es el que determina la carga impositiva, ha podido hasta doblarse.

El ministro Montoro exigió a los ayuntamientos déficit cero y a cambio les otorga patente de corso para seguir revisando al alza los valores catastrales y manejar como quieran la tasa impositiva. Solo unos pocos ayuntamientos de España han sabido  afrontar el reto racionalizando los gastos y distribuyendo con equidad la carga fiscal en otras partidas, no solo en la propiedad. Toda una proeza en términos de gestión para evitar que el IBI se convierta, como está ocurriendo de forma generalizada, en un impuesto expropiador.