Recuerdo la noticia tal y como la han conocido en el resto del mundo: "Una española de 21 años, condenada a un año de prisión por bromas en internet sobre un magnicidio acaecido en 1973". Quienes la lean por ahí se preguntarán lo mismo que nos preguntaríamos nosotros si esa noticia estuviera fechada en Venezuela o, un poner, el Vaticano: ¿qué está pasando en ese país para que un chiste te lleve a la prisión? Seguro que al Rey Emérito le ha causado inquietud la condena, tras haber dicho él mismo en varias ocasiones (a Antonio Elorza, a Josep Ramoneda…) que "sin ese atentado no estaríamos hoy aquí". Cabe preguntarse si el celo de la Audiencia Nacional podría llegar hasta el mensaje de Fin de Año de Franco: "No hay mal que por bien no venga", dijo el Caudillo, una semana después de enterrar a su amigo. Desde luego, los chistes de Tip y Coll sobre Carrero (mucho más graciosos que los de Cassandra Vera) hoy serían objeto de persecución penal. Lo que permite deducir que, so pretexto de perseguir el terrorismo, se les ha ido la mano recortando la libertad de expresión.

Cuando conocimos la condena, el miércoles, pensé que ese parlamento tan ruidoso que tenemos buscaría un acuerdo urgente para remendar el artículo del Código Penal que la propicia; porque una cosa es sancionar el enaltecimiento del terrorismo  y otra hacerlo de una manera que permite semejantes interpretaciones judiciales. Sorprendentemente, la mayor parte de los grupos no se pronunciaron. Por lo visto, basta que Podemos tome un asunto por bandera para que Ciudadanos, PP y PSOE den un paso al lado (que algunos socialistas luego han corregido). Mala cosa. Ignorar este caso significa ignorar la importancia que la libertad de expresión tiene en nuestro sistema de convivencia. Pensé también que en la prensa desataría un clamor, aunque solo fuera por lo de las barbas del vecino. Tampoco. Algunos diarios de referencia ni siquiera lo recogieron en sus primeras planas.

Me he asomado a la TL de la condenada, buscando razones a tanto silencio. La verdad es que no me hacen gracia sus chistes, no comparto su sarcasmo hiriente ni me complace la bilis que asoma en algunos de sus tuits. No me gusta, no me interesa. Como no me gusta ni me interesa, no me tendrá como follower. Ahí empieza y termina mi reproche. Y así es como se resuelven en una democracia las diferencias de criterios. Unas veces responderás con el tuyo y otras, con el silencio. Pero nunca con el  Código Penal.

"Lo que me preocupa es que un acto de patente mal gusto y carencia de toda sensibilidad se considere un crimen". No lo digo yo. Lo dijo, por escrito, Lucía Carrero-Blanco cuando el fiscal pidió prisión por un chiste sobre el asesinato de su abuelo. Y dijo más: "Por muy legal que sea, me parece un absoluto disparate. No creo que sea proporcionada ni ejemplarizante. Tan solo atemorizadora y no solo para la acusada, sino para todos los que vivimos en una democracia. Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, puede acarrear penas de cárcel".

A mí también me asusta. Me tiembla incluso la mano, en este instante, a la hora de recordar los chascarrillos y canciones que durante años se dedicaron a ese episodio histórico. ¿Terminaremos por juzgar, ya puestos, las referencias jocosas al asesinato de Prim, tan frecuentes en la literatura castiza?

No. No es lógico, no es normal, un año de cárcel por un chiste sobre Carrero. Estas cosas no ayudan en nada a la dignificación de la memoria de las víctimas en la que, por fin, estamos todos empeñados. Esta condena y el precepto legal que la ampara solo sirven para meter miedo. Pero "el miedo jamás genera respeto, solo rencor", dice la nieta de Carrero Blanco. Difícil no estar de acuerdo. Ni cuando propone que "aprendamos de una vez por todas a tolerarnos los unos a los otros motivados por el respeto y no por el miedo". Yo no soy Cassandra: soy Lucía.