Campaña de mano dura a empresas de recursos de multas por engañar

La Agència Catalana del Consum (ACC) ha creado un decreto para endurecer el control de empresas que ofrecen asistencia en tramitación y ejecución de sanciones, especialmente, las que recurren multas de tráfico. Así lo explicó ayer el director de la ACC, Enric Aloy.

Desde 2003, Consum ha impuesto multas equivalentes a un total de 81.500 euros contra estas empresas que, sobre todo, «se niegan a suministrar la documentación y la información solicitada por la inspección de consumo y facilitan publicidad engañosa».

Entre otras informaciones, «se comprometen a devolver el dinero, si el recurso no prospera».

La normativa obligará a la empresa a ofrecer un presupuesto previo, que no debe ser inferior al importe final, a entregar una factura y a informar en todo momento al usuario, entre otras medidas.