Dos nuevas resoluciones judiciales confirman que enlazar a descargas no es delito

  • La Audiencia Provincial de Madrid archivó los casos de Indicedonkey y Spanishare.
  • Los magistrados consideran que no es lo mismo enlazar que alojar contenidos.
  • No se ha podido demostrar ánimo de lucro derivado directamente de las descargas.
EMule es una de las aplicaciones de intercambio de archivos más populares.
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En febrero, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol archivó la causa abierta contra los responsables de las páginas web Estrenosdivx.com, Limitedivxs.com y Limitetracker.com, al entender el juez que la actividad de ofrecer enlaces a descargas no supone una activida ilícilta. Esta semana, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una vez más esta idea al decidir el sobreseimiento definitivo de dos páginas web de enlaces.

El caso Indicedonkey y el caso Spanishare han sido archivados ya que los jueces consideran que estas páginas web no alojaban contenidos ni ofrecían las decargas sino enlaces y un enlace no supone comunicación pública. Además, apoyándose en una circular de 2006 de la Fiscalía General del Estado, consideran que no hay delito si no es posible demostrar un ánimo de lucro derivado directamente de la descarga del contenido audiovisual.

Los magistrados creen que no se puede equiparar el hecho de ofrecer información y directorios de enlaces al alojamiento de contenidos protegidos, algo que no se daba ni en Indicedonkey ni en Spanishare. Además, sobre el siempre controvertido asunto del ánimo de lucro, puntualizan que los beneficios económicos se obtenían mediante publicidad por el acceso genérico a la web y no por las descargas.

Estos dos portales de enlaces fueron cerrados en 2006, junto a otros como naiadadonkey, ps2rip, emule24horas, mp3-descargas o pctorrent, durante la operación denominada 'Deacargas en la Red'. En total se bloquearon 17 páginas web y se detuvo a 15 personas. La investigación se inició en octubre de 2005 a raíz de las denuncias presentadas en la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía por la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).

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