La Dirección del PSOE de Sevilla no tiene aún conocimiento "oficial" del contenido de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial con la condena a tres años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta para el alcalde de La Puebla del Río, Julio Álvarez González (PSOE), por un delito de malversación de caudales públicos al gastar 6.098,66 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos con el teléfono móvil del Ayuntamiento. A tal efecto, la cúpula socialista espera conocer de manera formal para resolver en cuanto a la situación del alcalde.

Fuentes socialistas han informado a Europa Press de que el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, ha celebrado la tarde de este lunes un encuentro con Julio Álvarez González. Tras este encuentro, las citadas fuentes han señalado que, dado que la Dirección Provincial socialista aún no conoce oficialmente el contenido de la sentencia, "no se va a tomar ninguna decisión" hasta que la sentencia sea conocida de forma oficial.

En la sentencia comunicada este lunes a las distintas partes personadas en este procedimiento, la Audiencia Provincial de Sevilla condena además al exconcejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento Juan Carlos Benítez, acusado de "manipular" y "alterar" las facturas del teléfono del primer edil, a un año de prisión por un delito continuado de falsedad en documento privado y a ocho meses de prisión por un delito de encubrimiento.

Tras conocer el pasado viernes el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular, el propio alcalde atendió a los medios de comunicación y señaló que "acata pero no comparte" la decisión del jurado, por lo que anunció que recurriría el fallo, "por supuesto que sí". Julio González, que se presenta como candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales, explicó que la Ley Electoral "no permite concurrir a las elecciones a los candidatos sobre los que pesa una condena, aunque no sea firme", por lo que se puso "a disposición del partido, que será el que tenga que tomar una decisión".

En su veredicto, el jurado popular consideró —con siete votos a favor y dos en contra— que, en su condición de primer edil, usó el teléfono municipal "de forma constante, reiterada y casi exclusiva" para llamar a una vecina de la localidad, aunque él durante la celebración de la vista oral defendió en todo momento que la llamó "para ayudarla" ya que "estaba siendo maltratada".

Reparación del daño

Asimismo, el jurado popular resolvió que no se pueden en tener en cuenta las circunstancias atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas, aunque, en el caso del alcalde, sí consideró que existe la atenuante de reparación del daño, pues el acusado devolvió el dinero, mientras que se mostró desfavorable por unanimidad a la concesión del indulto y a la suspensión de las penas.

Una vez finalizada la lectura del veredicto, la Fiscalía solicitó finalmente para el alcalde tres años de cárcel y seis de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, —la acusación particular ejercida por IULV-CA e Independientes pedía tres años y nueve meses de prisión—, mientras que su abogado defensor, Manuel Soto, pidió por ese delito seis meses de multa y seis meses de inhabilitación.

Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que es alcalde del municipio desde 1999, disponía de un teléfono móvil cuyos gastos se abonaban con cargo al fondo de las arcas municipales, pero "a pesar de que se trataba de un teléfono destinado a las necesidades del servicio público", el acusado "lo usaba de manera totalmente abusiva para sus propios intereses privados, originando cuantiosos gastos que fueron abonados con fondos públicos".

El fiscal añade que el procesado gastó entre septiembre de 1999 y febrero de 2001 hasta 6.098,66 euros en llamadas privadas a una mujer y a teléfonos eróticos. Al ser detectados todos estos gastos "indebidos y desproporcionados" por el entonces portavoz municipal de IULV-CA, éste dirigió un escrito al alcalde "pidiéndole explicaciones" y solicitando copias de las facturas desde agosto de 1999. Tras ello, el primer edil le contestó diciendo que había dado las órdenes oportunas al tesorero y al interventor municipales para exhibirle la documentación pedida a partir del 2 de mayo.

En fecha posterior al 26 de abril de 2001 el también acusado Juan Carlos Benítez Martín, concejal de Obras y Servicios, "conociendo los hechos cometidos" por el alcalde "y para impedir su descubrimiento" a petición de este último, "aprovechó que como concejal tenía acceso a la documentación" y solicitó para sí los duplicados que ya se habían hecho de las facturas originales, que se encontraban debidamente conservados en el archivo municipal para su exhibición a la oposición.

Manipulación de las facturas

De este modo, una vez tuvo en su poder dichos duplicados, "los manipuló, modificando mediante escáner muchos de los números receptores de las llamadas y los teléfonos de la línea erótica en todas las facturas desde noviembre de 1999 a febrero de 2001, todo ello con la finalidad de ocultar la actuación previa" del primer edil. Posteriormente, el concejal acusado devolvió al archivo municipal las copias manipuladas "a fin de que fueran exhibidas" a partir del 2 de mayo al portavoz municipal de IU.

No obstante, y una vez se constató la existencia de las copias manipuladas tanto por el portavoz de IU como por el interventor y tesorero municipales, el concejal imputado devolvió las copias auténticas. Tras la interposición de la querella contra los acusados en mayo de 2002, el alcalde devolvió la cantidad de 6.230,82 euros a que se refería la querella.