El Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes, 21 de marzo, y por unanimidad la reforma de la Ley del Suelo que permite garantizar a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria el cobro de la correspondiente indemnización antes de que se ejecute la demolición de las viviendas.

De esta forma, la Cámara ha dado luz verde al proyecto de ley promovido por el Gobierno, al que se ha incorporado una enmienda transaccional planteada por los grupos que sustentan al Ejecutivo (PRC y PSOE) que ha contado también con el apoyo del PP, que ha retirado las enmiendas planteadas inicialmente.

La diputada 'popular' María José Sáenz de Buruaga ha explicado que su grupo ha respaldado la transaccional porque es "mejor que la nada", ya que la norma promovida por socialistas y regionalistas era "inútil" e "inservible" y estaba, además, "vacía", por lo que se le ha dado "la vuelta como a un calcetín".

La portavoz del PP, que ha resaltado la "tranquilidad de conciencia" de su Grupo por haber hecho "todo" lo que estaba en sus "manos" para solucionar la situación de los afectados, cree que la reforma promovida por el Gobierno obedece a la "imperiosa necesidad" de "quitarse de encima a los afectados".

Ha añadido que se trata de una "operación de maquillaje" con la que PRC y PSOE pretenden "ganar tiempo", por lo que tiene un fin "electoralista" y no de "justicia".

Además, Sáenz de Buruaga ha criticado la gestión realizada por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, el regionalista José María Mazón, que a su entender "se ha comportado" como "un bailarín de yenka", que ha dado "un pasito para delante y un pasito para atrás".

Por su parte, el consejero, que ha repasado los distintos trámites llevados a cabo, ha defendido el interés último de lograr conjugar los intereses generales con los particulares, es decir, lo público con lo privado.

Mazón ha apelado también a la "buena voluntad de todos", de los afectados, las administraciones, los tribunales e, incluso, los querellantes para solventar una situación en la que la totalidad de los propietarios son "inocentes" y la mayoría de ellos "desconocedores" del problema.

Respecto a la introducción de la enmienda transaccional, Mazón ha considerado que viene a "reforzar" el objetivo último del proyecto de ley y mejorar la situación de los afectados por derribos.

El gobierno ha sido la rémora y no el impulso

Pero, para la oposición, el Ejecutivo debe "decir la verdad" y reconocer "evidencias" como que el "calvario" de los derribos "no empezó ayer", la "lealtad" y "trabajo" realizado por el PP y que el Gobierno ha sido, además, la "rémora" y no el "impulso" en la búsqueda de soluciones.

Sáenz de Buruaga ha recordado en este sentido que el proyecto de ley inicial no garantizaba la restitución del patrimonio a los afectados al no contemplar indemnizaciones con carácter previo a los derribos.

También ha lamentado que PRC-PSOE rechazaran el sistema de anticipos que, vía enmiendas, planteó el PP para que hubiera garantías de pago a los afectados en el plazo de dos meses desde la reclamación.

En relación a la transaccional planteada por regionalistas y socialistas, la diputada 'popular' ha indicado que si bien su fin es garantizar las indemnizaciones antes del derribo, se hará por la vía de "demorar" el proceso.

Así, aunque "no es la mejor solución", probablemente sí es "la única opción frente a la nada", ha argumentado la oposición, que ha decidido apoyar esta enmienda para "cerrar filas" en torno a los afectados. "Es mejor que nada" y "lo hacemos por los afectados", ha sentenciado la parlamentaria.

La mejor conciliación de lo público y lo privado

Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Fernández Mañanes, ha defendido la transaccional, ya que garantiza una compensación económica a los afectados "antes de verse en la calle" y representa, además, "la mejor conciliación" de los intereses públicos y de los afectados.

En la misma línea, el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, ha opinado que se ha dado "un paso fundamental" en la solución del problema de los derribos, por lo que ha rechazado la "hipocresía" y críticas de la oposición.

De la Sierra también ha recordado que todas las sentencias de derribo en Cantabria derivan de licencias otorgadas por alcaldes del PP, que está en el "origen del problema" y "carece de legitimidad" para "exigir cuentas a nadie".

Y ha resaltado para finalizar que Cantabria es la comunidad "más avanzada" si se tienen en cuenta las soluciones planteadas para resolver este "dificilísimo problema".