La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, propondrá a las Comunidades Autónomas extender el servicio de teleasistencia móvil a las víctimas de la violencia machista que no hayan presentado denuncia contra su agresor. Así lo ha anunciado Pajín antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles, en la que se repartió el fondo que las autonomías utilizan para la protección y asistencia de las mujeres maltratadas y que es el mismo que el pasado año: 5 millones de euros, de los que 1,5 están destinados a la asistencia de los menores.

En este sentido, ha resaltado que la reducción del déficit y la austeridad del Gobierno en los momentos de crisis "no ha afectado en ningún caso" al fondo de lucha contra la violencia machista. "Es exactamente el mismo fondo que en 2010 porque el Gobierno entiende que la lucha contra la violencia de genero es una prioridad", ha manifestado Pajín en declaraciones a los medios.

La ministra ha afirmado que el Gobierno sabe bien "lo difícil" que es para muchas mujeres presentar una denuncia; por eso, quiere extender más mecanismos de protección hacia ellas, como el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género (Atenpro). Sería a través de los servicios sociales, que son, ha explicado Pajín, los que se suelen ocupar de este tipo de asistencia y, por tanto, los que deben valorar qué mujeres pueden ser susceptibles de ayuda y asistencia a través de estos instrumentos.

Este servicio, disponible desde 2005, cuenta con 9.007 usuarias, según datos del Ministerio a fecha del 31 de enero de 2011.

La ministra también explicó a las autonomías la medida anunciada por la secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, hace unas semanas en el Senado de hacer extensivo el uso de las pulseras GPS a los maltratadores condenados y que tienen órdenes de alejamiento. En la actualidad, son 500 los dispositivos activos.

Pajín ha señalado que la Conferencia Sectorial es, seguramente, "el mejor ejemplo de lo que es y debe seguir siendo la lucha contra la violencia de género: un compromiso de todos y todas, del Gobierno pero también de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y organizaciones".