La aprobación que la máxima representación del Gobierno dio ayer a la iniciativa es una de las piezas clave para que el proyecto pueda realizarse en la capital.
Una comisión examinará la propuesta. Esta entidad está compuesta por jueces, fiscales y representantes del Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. Si la comisión cree que no se cumple con la ley (sería la tercera vez), la iniciativa no podría aplicarse.
LAS GRABACIONES
Controladas por la Policía Nacional: La filmación, tratamiento y eliminación de las imágenes corresponde a este Cuerpo de Seguridad del Estado.
Destruidas en un mes: Siempre que en ellas no se haya registrado ningún delito, infracción o falta administrativa relacionada con la seguridad, según determina la ley de videovigilancia.
Si hay delito...: La Policía entregará «con la mayor rapidez posible» la cinta a la autoridad judicial. Como máximo, 72 horas después de ser tomadas las imágenes. Se podrán mantener más tiempo si la grabación está relacionada con una investigación judicial o policial.
Intransferibles: Las imágenes no podrán cederse ni ser vistas por nadie ajeno a la Policía Nacional.
Derecho de cancelación: Cualquier ciudadano que considere «razonablemente» que ha sido grabado podrá solicitar la supresión de las imágenes. Pero será la Policía la que decida.
Imágenes del interior de inmuebles: No se podrán grabar, excepto si el propietario o un juez lo autoriza.
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