Un inspector municipal de Barcelona afronta casi seis años de cárcel por presunta corrupción

  • El acusado es el funcionario Eduardo C., inspector del distrito del Eixample.
  • Por la concesión de licencias municipales a locales de ocio de la ciudad.
Un bar de copas.
Un bar de copas.
ARCHIVO
Un bar de copas.

La Fiscalía y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Barcelona piden 5 años y 7 meses de prisión para el funcionario Eduardo C., inspector del distrito del Eixample y principal acusado de la presunta trama corrupta de concesión de licencias municipales a locales de ocio de la ciudad.

En la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este lunes el juicio contra el inspector de licencias y otras siete personas presuntamente implicadas en la trama, entre ellos el ingeniero Joaquín Q., también imputado en la causa que investiga un juzgado de Barcelona sobre presuntas irregularidades en la tramitación de licencias municipales a apartamentos turísticos del distrito barcelonés de Ciutat Vella.

La Fiscalía, que en su escrito de acusación pidió tres años y tres meses de prisión para el inspector, ha aprovechado el trámite de cuestiones previas al juicio para elevar su propuesta de pena a cinco años y siete meses, al agravarse los delitos que se le imputan por su condición de funcionario público.

El inspector está acusado de haber facilitado la tramitación de expedientes a dueños de locales de ocio de Barcelona a través de su despacho particular de ingeniería, que se encargaba presuntamente de elaborar los proyectos necesarios para lograr las correspondientes licencias, y de haber cobrado por ello comisiones de los propietarios. Para ello, mantiene la Fiscalía, el ingeniero contaba con la colaboración de un cuñado suyo, que asumía la dirección técnica de los proyectos, y del ingeniero Joaquín Q., mientras que otro de los acusados se encargaba presuntamente de "captar" a empresarios a cambio de una comisión del 10%.

En su declaración ante el tribunal, el principal acusado ha admitido haber realizado desde su despacho particular proyectos técnicos para propietarios de locales de ocio, pero se ha escudado en que desconocía que existía incompatibilidad entre ese trabajo y su cargo de funcionario municipal. Eduardo C. ha recalcado que en esos expedientes "nunca hubo comisiones, ni pagos, ni licencias falsas" y ha negado que facilitara información reservada a propietarios de locales de ocio y que desde su cargo público maniobrara para sacar adelante licencias municipales de clientes particulares que estaban encalladas.

Respecto a Joaquín Q., imputado en otras dos causas vinculadas a la tramitación irregular de licencias municipales, el principal acusado ha precisado que lo conocía sólo por su trabajo de funcionario y ha negado que colaborara con él firmando los proyectos que elaboraba su despacho de ingeniería. Para el resto de imputados en la trama, de la que también forman parte dos abogados, la Fiscalía pide penas de entre dos años y siete meses y dos años y ocho meses de prisión.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento