La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha expresado su rechazo a algunos de los preceptos contenidos en el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, al advertir de que su aplicación podría suponer recortes "graves e intolerables" de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en su acceso a la tutela judicial efectiva.

En este sentido, los miembros del órgano de gobierno colegial denuncian que la puesta en marcha de algunas de las medidas propuestas en el proyecto "podrían restringir de forma considerable las actuales posibilidades de recurrir las decisiones judiciales que hasta ahora estaban a disposición de los ciudadanos y, por tanto, disminuir las opciones de solicitar la revisión de las sentencias", tal y como han puesto de manifiesto en un comunicado.

Así, en materia de recursos recuerdan que el proyecto legislativo plantea "de forma incomprensible" que las sentencias en juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros) devengan firmes y, por tanto, inapelables, o que se eleve de 150.000 euros a 800.000 las cuantías mínimas para recurrir en casación ante el Supremo en el orden civil, así como las necesarias para presentar recursos de apelación y casación en el orden contencioso-administrativo.

Es por todo ello que el Icaib considera que estas medidas y otras, como la propuesta de imponer el pago de una tasa a cualquiera que quiera hacer uso del ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, o la que postula que los litigantes que pierdan un juicio en lo contencioso-administrativo se hagan cargo de las costas del juicio en todos los casos, son planteamientos que "podrían conseguir disuadir a buena parte de los ciudadanos, sobre todo a aquellos con recursos económicos limitados, de acudir a la Justicia para la defensa de sus derechos".

Para la Junta de Gobierno, privar además de la segunda instancia a quienes reclamen cantidades inferiores a los 6.000 euros "es tanto como suponer que los jueces nunca se equivocan". Por estos motivos, y aun cuando el órgano colegial considera "plausibles todas las propuestas que contribuyan a reducir los tiempos de la Justicia", advierte de que la consecución de este objetivo "no debe ni puede hacerse a costa de una merma en los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, los miembros califican de "absolutamente improcedentes e impropias de un representante del poder judicial" las declaraciones realizadas por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, que acusó a la abogacía española de "torpedear" los cambios legislativos por "intereses corporativos" y a los abogados de hacer un "uso abusivo de los recursos".

Frente a estas manifestaciones han aseverado que "el único interés que mueve a la abogacía en su oposición a algunas de las medidas propuestas en este y otros proyectos legislativos, ha sido, es y será la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los principios básicos sobre los que se estructura el Estado de Derecho". Así, recuerdan que, además de la abogacía, otras organizaciones, entre otras el Defensor del Paciente o el sindicato Comisiones Obreras, también "han alzado su voz en contra de algunas de las medidas contenidas en el proyecto de agilización".