Estados Unidos estaba convencido de que años después de los atentados del 11-M, algo fallaba en España en la lucha contra el terrorismo islamista. Los cables filtrados por Wikileaks, a los que 20 minutos ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten, revelan que EE UU cree que ese fallo está en la justicia, criticando las decisiones de los tribunales españoles, sobre todo del Supremo "que han puesto de relieve que España necesita actualizar mejor su marco jurídico para hacer frente a la amenaza del terrorismo islámico radical".
Durante 2008 y 2009, la embajada norteamericana mantuvo numerosos encuentros con autoridades judiciales, periodistas, altos cargos del Gobierno español y académicos para analizar esta cuestión. La conclusión fue clara: España es muy eficaz deteniendo células yihadistas pero no en la obtención de largas condenas para los arrestados.
Desde el 11-M han sido detenidos 434 islamistas. Hoy están en prisión unos 70¿Por qué? Los cables desvelan el desfase jurídico que existe entre la Audiencia Nacional, la encargada de juzgar estos delitos, que sí impone penas altas; y el Tribunal Supremo, que en la mayoría de los casos rebaja o revoca las penas impuestas por la Audiencia.
Según el Ministerio del Interior, desde los atentados del 11-M España ha detenido a 434 presuntos terroristas o colaboradores (465 según la Fiscalía). Ahora solo hay 56 reclusos por este motivo en toda España, sin contar Cataluña, que tiene otra quincena. En total unos 70 presos, el 16% de los detenidos en estos siete años. Otro dato más, de los 21 condenados por el 11-M solo siguen 16 hoy en prisión.
Justicia preventiva
Casi todos los expertos consultados por la embajada señalan que la policía española aplica bien el criterio de «justicia preventiva», es decir, detener a los radicales islámicos antes de que puedan actuar, una estrategia que "implica riesgos".
Uno de los expertos, profesor universitario y especialista en terrorismo, cree que es necesario un cambio de mentalidad en el proceso judicial: "que los sospechosos sean culpables hasta que se demuestren inocentes". Explica que las circunstancias en las que los radicales son detenidos deben ser objeto de mayor consideración por el tribunal.Y pone ejemplos. "Si una persona no tiene trabajo, pero con fervor predica la yihad y tiene 25.000 a en efectivo, entonces hay que asumir que participa en la financiación del terrorismo. No debe quedar en libertad solo porque dijo que se encontró el dinero".
Lo malo es que el Supremo está siendo muy exigente, señala la embajada. Un cable lo resume así. Para el Supremo, "ser simpatizante yihadista no es un delito; las creencias no conllevan acciones penales. Las acciones son punibles mientras que los pensamientos no lo son". Para otro experto, las decisiones que está tomando el Supremo son "muy peligrosas y arriesgadas", y se pregunta: "¿Cómo hubiera reaccionado la opinión pública si la célula terrorista de Barcelona hubiera tenido éxito?". Se refiere a los paquistaníes detenidos en enero de 2008 que querían volar el metro de Barcelona, una célula que fue desmantelada gracias a un ‘topo’, como ya publicó este diario el pasado 8 de febrero.
Con el chaleco puesto
Un tercer experto califica de "desastre" y "un gran paso atrás" las sentencias del Supremo, que "socavan la confianza pública" en el trabajo de las fuerzas de seguridad. "La Policía y la Guardia Civil no pueden esperar hasta que los yihadistas se pongan el chaleco suicida para detenerlos".
Ser simpatizante yihadista no es delito, según las sentencias del SupremoPara la embajada algunas decisiones judiciales han resultado desalentadoras: ‘operación dixan’ (16 detenidos, cinco condenados); ‘operación nova’ (20 condenados, 14 absueltos luego por la Audiencia); ‘operación tigris’ (32 procesados, cuatro condenados); ‘operación amat’ (12 detenidos, todos libres menos cuatro); ‘operación chacal’ (nueve acusados, cuatro absueltos) y ‘operaciones Camaléon y Génesis’ (22 implicados, cinco condenados luego absueltos por el Supremo).
Otra cable habla en concreto de la 'operación amat': realizada el 16 de octubre de 2008: una redada en todo el país para detener a islamistas radicales que presuntamente estaban involucrados en una red de financiación del terrorismo y que ayudaron en la fuga de cinco sospechosos de los atentados de 2004 en Madrid.
Castigo de Garzón
La embajada supo de fuentes del Gobierno que uno de los sospechosos se disponía a viajar a Marruecos, por lo que la Policía decidió que sería mejor detenerle antes que saliera del país. La redada se puso en marcha. Sin embargo, el 20 de octubre, el juez Baltasar Garzón decidió que los 10 detenidos comparecieran ante su tribunal y los dejó en libertad, una decisión que se interpretó como una reacción contra el Supremo. La embajada cree que Garzón envió un mensaje al Alto Tribunal: él no iba a dedicar su tiempo y energía para preparar casos que más adelante pueden ser revocados.
La policía está deteniendo a muchos presuntos yihadistas sin pruebas", señala BermúdezUna postura bien diferente es la del juez Gómez Bermúdez, que llevó el caso del 11-M. En una reunión en febrero de 2009 con un alto cargo de la embajada, el magistrado asegura que los "servicios de seguridad están deteniendo a muchos presuntos yihadistas sin pruebas", lo que explica que muchos queden en libertad.
Unos pocos meses antes, en noviembre de 2008, el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota, especialista en terrorismo, asegura a la embajada que a pesar de este debate el sistema funciona bien y que nuestro país ha detenido a más radicales islamistas que los EE UU desde el 11-S.
En lo que sí coinciden los expertos es en destacar que el número de grupos yihadistas que operan en España ha crecido, y que nuestro país es utilizado principalmente como "base logística desde la que financiar la actividad yihadista". El análisis de uno de los expertos (hecho en marzo de 2009) revela que 24 de las 30 células terroristas desmanteladas desde el 11-M estaban relacionadas con el apoyo logístico: entrenar combatientes para enviar a Irak o captar dinero para apoyar la yihad.
No hay conexiones con Al Qaeda
Gómez Bermúdez también habló con representantes de la embajada en febrero de 2009. La delegación estadounidense le preguntó si existe alguna conexión entre Al Qaeda y el 11-M. El juez contestó que no y que el 11-M fue llevado a cabo por un grupo de criminales y yihadistas sin un plan maestro o más conexiones. Además, rechazó las sugerencias de que los ataques del 11-M fueron un acto de venganza contra el Gobierno español.
La embajada no creyó las palabras del magistrado y apuntó un comentario final en su cable: "los atentados de Madrid mostraron mucha coordinación en sus ataques. Cinco años más tarde, las discusiones sobre el 11-M siguen estando cargadas de un factor político y los comentarios de Gómez Bermúdez parecen reflejar una visión política de los ataques"
Gómez Bermúdez también señaló que la amenaza de un ataque yihadista en España es aún mayor de lo que era entonces. Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) tiene órdenes formales de la central de Al Qaeda en Afganistán y Pakistán de recuperar o liberar el Al Andalus, Ceuta y Melilla. "Un ataque podría ocurrir cualquier día", advirtió Gómez Bermúdez. El magistrado explica que si los yihadistas pudieran ejecutar un ataque en estos enclaves, lo harían, pero que las fuertes medidas de seguridad hacen poco probable un atentado.
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