El Gobierno ha logrado la convalidación del decreto de la reforma de las políticas activas de empleo en el Congreso de los Diputados, gracias al apoyo de CiU y del PSOE (179 diputados), frente a los votos en contra de BNG y UPyD (tres diputados) y las abstenciones de PP, PNV, ERC, IU y ICV (160 diputados). Además, la Cámara Baja ha aprobado por unanimidad su tramitación como proyecto de ley.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, defendió ante la Cámara Baja el decreto para mejorar la empleabilidad y formación de los parados en sustitución del titular de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, quien ha interrumpido su actividad durante esta semana por enfermedad.

Jáuregui justificó la "urgencia" de la reforma de las políticas activas de empleo en los 1,2 millones de desempleados procedentes del sector de la construcción y en que el decreto deriva del pacto social y económico suscrito entre los agentes sociales y el Gobierno el pasado 2 de febrero.

La medida más llamativa es la implantación y desarrollo de un modelo de atención personalizada a las personas en paro a través de itinerarios personalizados e individuales de empleo, al que se accederá con la firma de un acuerdo personal de empleo (APE).

Dicho acuerdo implicará el compromiso de la persona beneficiaria del itinerario a participar activamente en acciones para mejorar su empleabilidad y a buscar activamente un empleo o poner en marcha una iniciativa empresarial. Por su parte, el servicio público de empleo se encargará de asignar y hacer el seguimiento de dichas acciones.

Así pues, el ministro, que también entró en las quinielas para sustituir a Celestino Corbacho al frente de Trabajo, consideró "inaplazable" la convalidación de la reforma de las políticas activas porque sitúa a los servicios de empleo entre los "mejores instrumentos" para la gestión del capital humano, en alusión a los 1.500 nuevos orientadores que se sumarán a los 1.500 ya existentes desde 2008.

Mari luz rodríguez,

En el congreso.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que siguió la intervención de los grupos parlamentarios para fijar su posición, se mostró "muy orgullosa" por la convalidación y confió en que el decreto se convierta en proyecto de ley en "unos dos meses".

"Hoy es día muy importante para más de cuatro millones de parados, que se podrán beneficiar de derechos para prepararse a volver al trabajo", explicó la secretaria de Estado a los periodistas antes de marcharse del Congreso.

La diputad del PP, por su parte, rechazó la aprobación del decreto ante el "galimatías" jurídico que generará en parados y comunidades autónomas, al tiempo que reprobó la utilización del decreto porque "hurta" la soberanía de la Cámara.

Jáuregui contrarrestó asegurando que la reforma persigue "hacer más eficiente" el gasto de 7.300 millones de euros destinado a la ejecución de políticas y programas de empleo, que depende de las comunidades autónomas. "No se trata de un salto al vacío porque están en la esencia del acuerdo social y económico", subrayó el ministro. PP:

"galimatías que produce bochorno social".

Para la diputad 'popular', la reforma produce "bochorno social" y acusó al Ejecutivo de ser un "trilero" que "sólo" busca la foto y "vende humo". "Los parados necesitan de un Gobierno que no venda humo", remachó.

La diputada de UPD Rosa Díez reprochó a Jáuregui la "urgencia" de la reforma de las políticas activas, al recordar que modifica una ley de 1956, por lo que censuró que "lo extraordinario se convierta en norma". Además, echó en cara al ministro que apelara al pacto 'anticrisis', pues consideró que de esta forma se "pervierte" la Democracia.

"No vemos que con el decreto se inste al Gobierno a que mantenga el compromiso con los servicios públicos de empleo para reforzar los recursos humanos y materiales", expresó la diputada del BNG Olaya Fernández. IU:

"gota de agua en un desierto".

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, se mostró "escéptico" ante cómo el Gobierno prevé combinar que esta reforma favorezca el empleo con la privatización y el recorte del gasto. "Es sólo una gota en un desierto", valoró.

Mientras, el diputado de ERC Joan Tardá acusó a Jáuregui de "simplista", al considerar que el ministro obvió durante su defensa del decreto elementos "contaminantes". "Nos da igual la formalidad de que los decretos no recojan reformas estructurales", ironizó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría.

Ante la avalancha de críticas de las minorías de izquierda, el diputado de CiU Carles Campuzano se congratuló de que la reforma de las políticas activas garanticen un cambio "sustancial" de la empleabilidad y dote de "mayor flexibilidad y libertad" a los parados. Además, confió en introducir durante su tramitación como proyecto de ley medidas que favorezcan a los autónomos y a los discapacitados.