Las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han pedido este jueves en una vista oral ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) que las empresas que se beneficiaron de las 'vacaciones fiscales' de 1993 no deban devolver las ayudas por considerar que se produjo una situación de "indefensión" en el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario.

En contraste, la Comisión Europea y el Gobierno de La Rioja han reclamado al Tribunal que desestime el recurso de las diputaciones vascas y confirme la sentencia dictada en primera instancia en septiembre de 2009. Este fallo concluyó que las 'vacaciones fiscales' son ayudas públicas ilegales y que por tanto las autoridades competentes deben recuperarlas.

Por su parte, la abogacía del Estado ha intervenido en la vista para sumarse a las tesis defendidas por los representantes de las tres diputaciones vascas.

La sentencia podría producirse en "dos o tres meses", según ha dicho el diputado de Hacienda y Finanzas de Vizcaya, José María Iruarrizaga, al término de la vista.

"La Comisión, teniendo conocimiento de una denuncia desde el año 94, no actúa hasta el año 2000 y por lo tanto existe una indefensión (...) Dada esta situación que se ha producido, estas ayudas no deberían ser recuperadas", ha resaltado diputado de Hacienda.

Iruarrizaga ha defendido que "la actuación de la Diputación en todos los momentos y de todas las personas que han pasado por ahí ha sido una actuación responsable". Además, ha subrayado que "ninguna" empresa de La Rioja se ha implantado en Bizkaia como consecuencia de las 'vacaciones fiscales'.

"Creo que hemos hecho bien los deberes, se han defendido bien las cosas con argumentos sólidos, y por lo tanto confiamos que por una vez nos atiendan y nos entiendan en Bruselas", ha explicado. VIGENCIA

Las medidas declaradas ilegales por el Tribunal en primera instancia, que estuvieron vigentes en los años 90, establecían una exención del impuesto de sociedades para algunas empresas de reciente creación, una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades en favor de sociedades de reciente creación y un crédito fiscal del 45 % del importe de las inversiones.

La sentencia de 2009 subrayaba que el hecho de que las diputaciones forales vascas dispongan de una autonomía fiscal reconocida y protegida por la Constitución española no les dispensa de la obligación de respetar las disposiciones del Tratado sobre ayudas estatales.