Jueces, abogados, sindicatos, médicos y pacientes... Las críticas a las medidas de agilización procesal aprobadas por el Gobierno llegan de muchas partes y tienen un denominador común: la reforma recorta derechos de los ciudadanos y no está claro que vaya a hacer más rápida la Justicia.

"La Justicia no se agiliza dando palos a los pobres", reprocha la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, instituciones que han apoyado y animado al Gobierno en esta iniciativa.

Y es que el proyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros con el objetivo de agilizar los procesos civiles y contenciosos pone límites a la presentación de determinados recursos ante los tribunales por razón de la cuantía económica de los asuntos.

Así, se suprime el recurso de apelación en los juicios por asuntos de menos de 6.000 euros en el orden jurisdiccional civil -el competente para reclamación de cantidades- de tal forma que la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.

Otro recurso afectado es el de casación ante el Tribunal Supremo en civil y contencioso, pues se eleva a 800.000 el límite de 150.000 euros que existe en la actualidad para recurrir una sentencia ante dicho tribunal.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, la reforma incluye un negativo recorte de derechos, con soluciones coyunturales y no estructurales.

"No se pueden recortar las garantías de los ciudadanos para agilizar la Justicia ni para hacer disminuir la litigiosidad", dice Ramírez, que considera que no tiene ninguna justificación suprimir el recurso de apelación en juicios verbales, creando situaciones como que dos Juzgados dicten sentencias contradictorias en un asunto de cuantía inferior a 6.000 euros y no puedan recurrirse.

Tampoco le ve sentido a limitar los recursos en materia contencioso administrativa pues, en su opinión, coloca en una situación de desventaja al ciudadano frente a la Administración.

Por el contrario, la asociación Francisco de Vitoria cree que la tutela judicial efectiva no se ve afectada, ya que queda garantizada con la sentencia de instancia, aunque no se pueda recurrir.

Más allá va la Asociación Profesional de la Magistratura, que no solo apoya estas medidas, sino que considera que son insuficientes para acabar con la pendencia, dice su portavoz Pablo Llarena, que plantea, como elemento disuasorio, el pago de tasas judiciales para poder recurrir.

El Consejo General del Poder Judicial, que considera este proyecto una pieza esencial en el proceso de modernización de la Justicia, ha instado junto a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a los grupos parlamentarios a que lo tramiten urgentemente.

Pero en el seno del Consejo hay también voces discordantes y dos vocales expresaron en un voto particular sus discrepancias con el proyecto avalado mayoritariamente por sus compañeros: creen que las sentencias que más afectan al conjunto de los ciudadanos se verán privadas de recurso, lo que no ocurrirá con aquellos que, por su capacidad económica, planteen litigios en cuantías muy elevadas.

También los abogados son muy críticos con la iniciativa aprobada por el Gobierno.

"Las medidas no suponen una agilización procesal y, además, recortan derechos", aseguran fuentes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que reconocen que la Justicia necesita reformas y agilizarse, pero no por el camino que ha elegido el Ministerio de Justicia.

No se garantiza que se vaya a solucionar el colapso y se conculcan los derechos de los ciudadanos que ven limitadas sus posibilidades de acceder a los recursos, creen los letrados, que defienden el poder contar con una segunda opinión en Justicia, al igual que ocurre con la sanidad.

Los sindicatos se han unido a las quejas contra el proyecto y CC.OO. ha alertado sobre los recortes de los derechos de los ciudadanos que suponen estas cuantías excesivas para poder recurrir.

Este sindicato está convencido de que, con las medidas planteadas, el Ministerio de Justicia no conseguirá agilizar los tiempos de los procesos judiciales ni acabar con el retraso de los juzgados, ni tampoco con el atasco existente en el Tribunal Supremo.

Tampoco el portavoz de CSI-CSIF, Juan Antonio Martín, está de acuerdo con la reforma que, como siempre, afecta y perjudica al más débil: "Para las multinacionales no hay problemas; sí para el ciudadano de a pie".

Reconoce Martín que hay que adecuar los plazos y las cuantías a la realidad del momento, pero "hay que mirar que la Justicia llegue a todos".

Médicos y pacientes se sienten también perjudicados directos por esta reforma.

La asociación del Defensor del Paciente ha anunciado una recogida de firmas para intentar paralizar un proyecto que "atenta de forma grave" contra todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a denunciar y "agotar todos los medios" que ofrece la Justicia, como el de recurrir en casación al Tribunal Supremo.

Para esta asociación, la reforma no solo perjudica a las víctimas de negligencias médico sanitarias, sino a todos los ciudadanos en general, fundamentalmente a los de menor poder adquisitivo, al no poder recurrir por la "demoniaca" subida de los límites para poder hacerlo.

Pero también se quejan de una mayor indefensión los médicos.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) considera que el aumento de las cuantías mínimas en litigio para poder recurrir en caso de no estar de acuerdo con la sentencia de primera instancia supone que en la práctica no podrán hacerlo.

A estos argumentos, el Gobierno responde que no hay merma de garantías y no se va a hacer una Justicia para ricos, sino que se va a dotar al sistema de una mayor seguridad jurídica y de confianza para el ciudadano.

"No supone una mayor garantía de éxito que existan 500 instancias judiciales ante las que recurrir", explica el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, que defiende que, con el nuevo diseño y al limitarse el número de recursos que podrán presentarse ante el Tribunal Supremo, se potenciará su papel para unificar doctrina.

"No hay privilegiados, de esta reforma se beneficiarán todos porque la Justicia responderá antes", recalca.