Detenidas diez personas acusadas de estafar hasta 120.000 euros

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo dedicado a realizar estafas bancarias utilizando datos robados de al menos 158 tarjetas de crédito, lo que habría permitido a esta organización realizar compras superiores a los 120.000 euros.
Material incautado en una operación de la Guardia Civil contra estafas bancarias
Material incautado en una operación de la Guardia Civil contra estafas bancarias
EP/GUARDIA CIVIL
Material incautado en una operación de la Guardia Civil contra estafas bancarias

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo dedicado a realizar estafas bancarias utilizando datos robados de al menos 158 tarjetas de crédito, lo que habría permitido a esta organización realizar compras superiores a los 120.000 euros.

En la operación, que tiene su origen en una denuncia presentada en Burlada (Navarra), han sido detenidas diez personas, todas de ellas de origen nigeriano, en las localidades de Alcalá de Henares (Madrid), Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Valencia.

Los cuatro integrantes principales de este grupo criminal han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, cuyo titular ha dirigido la investigación.

Asimismo se han practicado cuatro registros domiciliarios, donde se han intervenido seis ordenadores de última generación, 26 teléfonos móviles con 41 tarjetas SIM y dos cámaras fotográficas.

La investigación se inició en octubre del 2010, tras la denuncia interpuesta por un vecino de la localidad navarra de Burlada, al percatarse de que en su cuenta bancaria se habían efectuado sin su consentimiento varios cargos.

Tras comprobarse que los cargos denunciados correspondían a operaciones de compra no presenciales, on-line y telefónicas, de trayectos ferroviarios y aéreos, los investigadores pudieron constatar la existencia de un grupo organizado, compuesto por personas de nacionalidad nigeriana, especializado en la comisión de estafas.

El principal modus operandi de la banda consistía en la compra a hackers por medios telemáticos de los datos reservados de sus víctimas, números de tarjeta, PIN, fecha de caducidad y código de seguridad.

Los detenidos adquirían principalmente billetes de tren y avión, previo encargo por parte de compradores, a los que les eran facilitados a un coste muy inferior al precio real de adquisición.

Estos billetes eran para trayectos nacionales o internacionales, beneficiándose generalmente ciudadanos centroafricanos, tanto residentes en España, como otros residentes en la Unión Europea.

Para evitar dejar rastros, los detenidos realizaban sus actividades telemáticas en locales públicos y utilizaban teléfonos móviles de tarjeta prepago adquiridas a nombre de identidades ficticias que ellos mismos creaban, mediante la falsificación de documentos de identidad.

Además, el grupo confeccionaba bajo demanda todo tipo de documentos falsificados, que ofrecían tanto para facilitar el tránsito nacional e internacional de los usuarios de los pasajes ilícitamente adquiridos, como para adquirir todo tipo de beneficios, falsificando empadronamientos, matrimonios, certificados oficiales, etc., oscilando su precio entre los 200 y 8.000 euros según la dificultad y dedicación del encargo.

La Guardia Civil explica que "las falsificaciones resultaban de tanta calidad, que recibían encargos de numerosos países extranjeros, principalmente de la Unión Europea, como Francia, Italia y Holanda, donde poseían contactos que les facilitaban los clientes".

Estos procedimientos eran también utilizados para la realización de compras on-line, adquiriendo toda clase de artículos como ordenadores, televisiones, teléfonos móviles, ropa o calzado, para su venta a precios imposibles, realizando los pedidos a nombre de identidades inexistentes y con direcciones de entrega simuladas.

Los investigadores consideran que los datos hechos públicos "muestran tan sólo la punta del iceberg de la actividad delictiva del grupo, del que se han obtenido indicios que se remontan a varios años".

Así, ha averiguado que se han realizado regularizaciones de al menos cien personas. Esta cifra podría aumentar una vez se finalice el estudio de la documentación intervenida. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones, así como la localización de nuevas víctimas.

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