La Delegación del Gobierno abrió en 2010, 2.331 expedientes sancionadores en materia de estupefacientes en 2010, de los cuales han podido extraer un perfil que se dibuja de sus conclusiones. De éste destaca que se trata de un hombre (91,59 por ciento) de entre 18 y 25 años (51,78 por ciento), que consume estupefacientes preferiblemente entre semana (62,55 por ciento).

El 5 por ciento de los expedientes incoados lo fueron a menores de 18 años, y el 43,21 por ciento de ellos se trataba de mayores de 25. Además sólo en un 8,41 por ciento de los expedientes se trataba de mujeres.

Por el contrario de lo que pudiera parecer al creer que las drogas y la diversión van unidas al tiempo de fiestas, sábados y domingos, la mayoría de los sancionados lo fue entre semana, en la que se sancionó al 62,55 por ciento de los poseedores. Las cifras ofrecen además que el 88,97 por ciento de los sancionados eran de nacionalidad española. EVOLUCIÓN

El consumo de estupefacientes entre los menores de 18 años y entre los que tenían 18 y 25, descendió en 2010 con respecto a los años 2007, 2008 y 2009. En cambio creció de manera significativa en el grupo de edad de los mayores de 25.

De esta manera si en el trienio comparado el consumo de los menores de 18 arrojó una media en ese período de 6,68 por ciento, en 2010 ese resultado ha descendido al 5 por ciento; un descenso aún más acusado en el tramo de edad comprendido de entre los 18 y 25 años, un 63,22 por ciento en el trienio 2006-2009, por un consumo de este grupo de 51,78 por ciento.

En cambio parece que los expedientes aumentaron notablemente en los mayores de 25 años, ya que este pasado año del total de incoaciones realizadas el 43,21 por ciento fue en este tramo de edad, una cifra que en la media del trienio comparado se situó en el 30,10 por ciento.

Tipología de las drogas

En 2010 y con respecto al trienio 2006-2009 la aprehensión de marihuana pasó de 397 a 2.637 gramos. Se ha reducido la incautación de hachís que se pasó de 4.020 a 3.249 gramos y asimismo aumentó la retirada de anfetaminas. Si en 2010 se aprehendieron 177 gramos de anfetaminas en 2010 fueron 256. Cocaína y heroína han registrado este año pasado 122 y 15 gramos respectivamente siendo las cantidades medias en el trienio 2006-2009 de 81 y 5,95 gramos.

Expedientes sancionadores

En 2.010 la Delegación del Gobierno incoó 3.037 expedientes sancionadores en todas las materias que prevé la Ley Orgánica 1/1992 de 26 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. De ellos fueron la tenencia ilícita de estupefacientes los más numerosos. 2.331 se abrieron por esta causa, lo que supuso el 76,75 por ciento de la totalidad y un incremento del 18,92 por ciento con respecto a 2009.

No obstante el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 26 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, contempla una figura redimidora de la sanción, de tal forma que aquellos que opten por someterse a un tratamiento de deshabituación, quedará suspendido dicho expediente y si cumplen con dicho tratamiento la sanción quedará condonada. En la actualidad son 45 los expedientados que se hayan bajo tratamiento de deshabituación en el consumo de estupefacientes.

La Ley, como medida ejemplarizante, contempla además la incoación de expedientes a los titulares de aquellos establecimientos públicos que toleren conductas permisivas con el consumo y/o el tráfico de estupefacientes, apertura que puede desembocar bien en una sanción económica, bien en el cierre del local (en situaciones reiteradas). La Ley prevé multas que oscilan entre los 1.500 y 30.000 euros y clausura del local por un período de seis meses a los propietarios de estos locales que permitan tráfico y/o consumo. Durante 2010, la Delegación del Gobierno abrió expedientes a 4 locales de La Rioja por esta causa ARMAS

310 expedientes se han abierto en 2010 por posesión ilícita de armas. Si en las sanciones por estupefacientes la administración pretende evitar el daño futuro a la salud pública y para evitar este daño se debe evitar el riesgo de consumo, eludir el riesgo es quizá el objetivo capital de la sanción por tenencia ilícita de armas.

Así y como a continuación se detalla en la relación de incautaciones durante el 2010, los objetos que pueden ser considerados potencialmente peligrosos variaron en formas y funciones: 6 carabinas, 38 cuchillos, 172 navajas de menos de 11 centímetros, 8 navajas cuyo filo supera los 11 cm (prohibidas), 5 navajas automáticas, 3 puñales, 2 katanas, 5 cutters, 3 hachas, 2 bastones acabados en punta metálica, 2 defensas metálicas, 1 defensas extensible, 2 puños americanos o llaves de pugilato y 11 pistolas simuladas.

En esta materia asimismo se han tramitado 18 expedientes por la llevanza inadecuada e injustificada de armas de fuego -escopetas y rifles principalmente- o por negligencia en su custodia.

Desorden público y seguridad privada

El objeto de la sanción en los desórdenes públicos es corregir las conductas antisociales o incívicas que perturban la seguridad ciudadana y la pacífica convivencia. De esta forma en el año 2010 fueron 237 los expedientes incoados en esta materia. De ellas destacan los 120 por desobediencia a Agentes de la Autoridad los 11 de prevención de la violencia en espectáculos deportivos.

Asimismo, acogiéndonos al espíritu de la Ley inspiradora de este régimen sancionador administrativo, y analizando las circunstancias del sector de la seguridad privada, con su incremento, han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, o la reiteración de las falsas alarmas.

Por ello las fuerzas públicas de seguridad deben estar presentes permanentemente en el desarrollo de la actividad privada de la seguridad, no sólo para conocer la información trascendente para la seguridad pública, sino que también para evitar agresiones, coacciones, o desconocimiento de derechos. A este respecto se abrieron 25 expedientes

Conclusión los datos, extraídos de un total de 3.037 expedientes sancionadores tramitados, ponen de manifiesto la actividad desplegada durante el año 2010 por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado y la delegación del Gobierno, con la única finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos y faltas.