La sección sindical de UGT en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones, 'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), por someter "unilateralmente" a "movilidad funcional" a varios empleados para cubrir aspectos para los que estaban preparados algunos de los trabajadores despedidos merced al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la citada compañía, que precisamente respondía a motivos "organizativos, técnicos y productivos".

La denuncia, entregada el pasado 1 de febrero de 2011 en la Inspección Provincial de Trabajo y recogida por Europa Press, advierte de que 'Vinnell-Brown ant Root Spain' ha anunciado al comité de empresa y a los trabajadores afectados un "cambio de funciones" resuelto "unilateralmente" y "sin ningún argumento de peso". Y es que, según el citado escrito, estos empleados son ahora destinados a "tareas que no corresponden a su grupo profesional o categoría equivalente", toda vez que en entre los 119 trabajadores despedidos mediante el citado ERE figuraban "varios conductores" formados para las labores a las cuales se asignan ahora estos empleados en activo.

A tal efecto, UGT reclama a la Inspección de Trabajo a que inste a 'Vinnell-Brown ant Root Spain' a "mantener el plan social" acordado en torno al expediente de regulación de empleo y contratar a los miembros de la bolsa de trabajo creada a tal efecto en caso de "momentos puntuales o imprevistos de alta demanda del servicio de transporte".

El ere de la base de morón

'Vinnell-Brown ant Root Spain', adjudicataria desde el 1 de agosto de 2010 de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, había impulsado un ERE "por causas organizativas, productivas y de fuerza mayor", destinado a extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación durante el periodo de consultas, el pasado 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir, toda vez que el acuerdo estaba respaldado por los representantes de UGT y CCOO en el comité de empresa, pero la organización sindical USO se había desligado de tal pacto.

Merced a este expediente de regulación de empleo, los trabajadores acogidos al procedimiento recibirían la indemnización máxima legalmente fijada de 45 días por año trabajado, si bien aquellos que hubiesen cumplido los 55 años de edad serían prejubilados.

Problemas en el ere

La autorización de este expediente de regulación de empleo, librada el 9 de diciembre por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, y recogida por Europa Press, refleja que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento, cosechando de dicho departamento del Servicio Público de Empleo Estatal tres informes emitidos los días 25 y 26 de noviembre y 2 de diciembre de 2010.

En el informe correspondiente al 2 de diciembre, siempre según este documento de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constitía "un indicio racional de fraude". Esta advertencia surgía en contestación a un escrito de alegaciones promovido por USO en cuanto al acuerdo contenido en el acta final del periodo de consultas del ERE.

No obstante, la propia autorización del ERE recoge, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que redujo a 119 el número de empleados potencialmente acogidos al procedimiento.