El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha confirmado la imputación por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho al exalcalde de Boadilla del Monte Juan Siguero (PP), que ha negado haber firmado ningún contrato ilegal con la trama.

Así lo ha manifestado Siguero a la salida del TSJM, tras declarar durante dos horas ante el juez, ante quien ha asegurado que "nunca" ha conocido a los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.

"Me he limitado a trabajar por mi municipio con total responsabilidad", ha señalado el exedil, añadiendo que "obviamente" no ha firmado ningún contrato ni pliego de forma irregular durante su etapa como concejal de Hacienda en el municipio del que era alcalde entonces el también imputado Arturo González Panero.

Sin embargo, Antonio Pedreira ha confirmado la imputación a Siguero por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, aunque no le ha aplicado medida cautelar alguna.

Fuentes jurídicas han informado de que Siguero ha manifestado esta mañana que fue González Panero quien le presentó a la también imputada en la causa Felisa Isabel Jordán, quien hasta febrero de 2008 fue administradora única de Good&Better, empresa que presuntamente formaba parte del conglomerado empresarial dirigido por Correa.

Además, su antecesor le presentó a José Javier Nombela, que fuera asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa y al que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cesó a causa de su imputación en el caso Gürtel.

La defensa de Juan Siguero, que confía en que pronto se retire su imputación, ha señalado que "la clave" de toda la declaración ha versado sobre la firma del proyecto Ciudad del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte, que se aprobó el 16 de mayo de 2007 por 29 millones de euros.

Fuentes jurídicas han explicado que dicho proyecto fue aprobado nueve días antes de las elecciones municipales de ese año y con la presencia de solo tres concejales del PP. El 22 de mayo de 2007, la constructora Hispánica, adjudicataria de dicho proyecto, pagó un millón de euros a Correa, según las mismas fuentes.