"La mentalidad que permite a muchos españoles beber y conducir o ir en motocicleta sin casco es la misma que hace que vean bien las descargas ilícitas". Son palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Las pronunció el 24 de abril de 2008 -doce días después de ser nombrado en el cargo-, en la primera reunión que tuvo con el entonces embajador de EE UU en nuestro país, Eduardo Aguirre, ante el que utilizó el argumento del Spain is different para justificar nuestros elevados índices de piratería en Internet.
Así consta en uno de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten.
Durante el encuentro, reflejado en un despacho confidencial firmado por el embajador, hablaron, entre otros asuntos, de Irán y la propiedad intelectual. Y no por este orden. La lucha contra la piratería en todo el mundo ha sido siempre una prioridad política para el Gobierno de EE UU, y España acababa de ser incluida a instancias de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, tras ocho años de ausencia, en la Lista de Vigilancia 301 de la Oficina de Representación Comercial estadounidense.
Inexperto pero "receptivo"
El anuncio iba a realizarse al día siguiente y Sebastián mostró tanto su decepción por ello como su intención de trabajar de forma conjunta con la Administración Bush para salir del ranking al año siguiente. Desde el principio del cable, el embajador hace notar que Sebastián no es un experto en temas de propiedad intelectual -sí dice que es muy cercano a Zapatero y que había dirigido la Oficina Económica del presidente- pero que parece "receptivo" a la hora de tratar los temas que preocupan a EE UU. Lo que más les inquietaba en esos momentos era, sin duda, el tema de las descargas en la Red.
Y, sobre todo, la percepción de los españoles al respecto: existe -según refiere expresamente la Embajada en infinidad de despachos- la idea generalizada de que el P2P es legal, algo que achacan directamente y con mucha insistencia a una circular que la Fiscalía General del Estado hizo pública en el año 2006 en la que se descarta que el intercambio de archivos entre particulares sea un delito penal; entre otras cosas, según dicho documento, porque no implica un ánimo de lucro.
Los usuarios -explica también la Embajada de forma constante en sus comunicaciones- se quejan además de que ya pagan el canon digital como compensación a los autores y que eso cubre las descargas.
Robar "a lo Robin Hood"
En otro cable se indica incluso que hay algunas personas que se toman las descargas como un acto "a lo Robin Hood", ya que suponen "robar a los ricos", es decir, a ciertos artistas y compañías. Y aunque altos cargos del Gobierno, como el entonces secretario de Estado de las Telecomunicaciones, Francisco Ros, no estuvieran de acuerdo con la estigmatización de la población española -llegó a decir en público que era una "leyenda urbana" eso de que nuestro país estaba entre los más piratas del mundo-, la "concienciación" siempre ha estado entre los planes gubernamentales para luchar contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.
Desde 2004 Cultura ha lanzado tres campañas publicitarias para explicar a la ciudadanía las consecuencias de la piratería de contenidos, tanto en la Red como en otros ámbitos (top manta, etc.). Ese año el Ejecutivo español era ya consciente de que perseguir "de forma efectiva" las descargas era una tarea casi imposible si no se contaba con una "legislación apropiada", según le explicó un abogado al oficial económico de la Embajada. La opinión pública siempre ha sido para el Gobierno español "clave en la batalla", así como su "educación y sensibilización".
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