Pagar por determinadas prestaciones sanitarias podría convertirse en una realidad en los hospitales y ambulatorios públicos de la región. Así se desprende de un documento interno del Servicio Madrileño de Salud hecho público por la Coordinadora Antiprivatización y sobre el que Esperanza Aguirre tuvo que dar explicaciones este jueves en el pleno de la Asamblea a instancias de los grupos de la oposición (PSOE e IU).

En el informe Límites a la cobertura de la cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud –fechado el 7 de diciembre de 2010 y firmado por la Subdirección de Aseguramiento y al que ha tenido acceso 20 minutos– se detallan aquellas prestaciones sanitarias "que podrían ser potencialmente limitadas o excluidas en el futuro" y que permitirían ahorrar a las arcas públicas 260 millones de euros anuales como mínimo gracias a la fórmula del copago. Eso a pesar de que los propios autores, técnicos de la Consejería, reconocen que se trata de coberturas "básicas y necesarias".

Habría que pagar por...

Vacunas. Proponen retirar la del virus del papiloma humano (cáncer de cuello de útero) para las niñas de 14 años. Cada unidad cuesta 94 euros de media.

Material de control para diabéticos. Cofinanciar o excluir el material necesario para el control de la enfermedad (tiras y medidor).

Salud bucodental. Abogan por sacar prestaciones recién incorporadas para niños como las endodoncias y que el año pasado costaron a las arcas un millón de euros .

Menú hospitalario. Quieren que un paciente pague parte de lo que cuesta el menú durante su hospitalización. En un año la Comunidad gasta en esto 39 millones de euros.

Servicios hoteleros. Copago de la lencería y material de aseo a dos euros por paciente.

Enfermedades del aparato respiratorio. Copago del tratamiento para apnea del sueño.

Oxigenoterapia. Revisar equipos infrautilizados.

Ligaduras de trompas y vasectomías. Copago o exclusión en control de natalidad.

Tratamientos de fertilidad. Excluir o copagar porque su «eficacia en la mayoría de los casos es muy limitada, 30%».

Bastones y muletas. Se propone excluirlos por ser "muy económicos".

Cambio de sexo. Exclusión.

Sillas de ruedas. Copago.

Implantes quirúrgicos. "Racionalizar el coste".

Prueba genética de detección del cáncer. Limitar a determinados casos y familias.

El consejero de Sanidad explicó este jueves en la Asamblea que el informe "no forma parte de ningún proyecto político" y Esperanza Aguirre aseguró que mientras ella sea presidenta la Sanidad será "universal y gratuita".

Pero aunque se manifestó en contra del copago, no descartó "otras medidas de modernización" de la sanidad pública–similares a las adoptadas ya en otros países europeos–, pero sin precisar cuáles.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, no parece saber de dónde ha salido el polémico informe a pesar de que las 13 páginas que lo componen llevan el membrete oficial. Según explicó este jueves, el estudio forma parte del trabajo diario de los técnicos de cualquier administración, dedicados a elaborar informes. Pero no aclaró por orden de quién. Sobre la posibilidad de que la iniciativa partiera del Ministerio de Sanidad, fuentes del mismo aseguraron a este diario no haber solicitado nada parecido a las CC AA.