Los 100.000 euros que costó organizar los atentados del 11-M de 2004 en Madrid -según datos de la Policía Nacional- fueron financiados con dinero de narcotráfico a través de falsas organizaciones benéficas de corte islámico no reguladas que operaban en España. El dato lo desvela una fuente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) a altos cargos de la embajada de Estados Unidos en mayo de 2005, según uno de los cables de la diplomacia estadounidense filtrados por Wikileaks a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten. (Este cable no aparece vinculado al texto porque compromete la seguridad de personas y revela métodos de lucha antiterrorista).
La breve confidencia del Sepblac, organismo dependiente del Banco de España, justificó el acoso diplomático de EE UU a las instituciones españolas sobre la necesidad de investigar la financiación de grupos criminales ocultos bajo ingenuos pseudónimos de organizaciones caritativas. Aunque la diplomacia estadounidense había alertado previamente sobre la impunidad con la que este tipo de organismos operaba en España.
Dos semanas después del atentado del 11-M –en el que fallecieron 191 personas y más de 1.800 resultaron heridas en Madrid- la embajada de EE UU envió un cable, titulado La Financiación del Terrorismo: Más importante que nunca para España, que trataba el tema. El ex embajador George Argyros aseguraba que la lucha contra ETA había provocado que España ignorase las directrices marcadas desde Washington tras el 11-S para congelar activos de presuntos terroristas islamistas. Sin embargo, Argyros confiaba en que la experiencia traumática del 11-M potenciaría la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo internacional.
El texto también revela que la Policía Nacional ya sospechaba de la existencia de vínculos entre organizaciones benéficas y causas radicales, y que la financiación de terrorismo islamista preocupaba al Ministerio de Interior meses antes de que explotasen las bombas en Madrid. Sin embargo, el foco de atención "se centró en ETA", matiza el telegrama.
La investigación
En los meses siguientes al 11-M se produjo un goteo de cables entre Madrid y Washington que enfatizaban en la necesidad de España de duplicar esfuerzos en la investigación sobre financiación islamista. Los telegramas revelan que la embajada confiaba en la capacidad de las fuerzas de Seguridad del Estado, e incluso hay referencias sobre resultados obtenidos en operaciones contra ETA que requirieron seguir el rastro de dinero.
La prueba clave del interés del Gobierno de España por desvelar las conexiones entre estas instituciones y la financiación radical tiene fecha de junio de 2005. El número dos de la legación estadounidense, Robert Manzanares, envía un cable a Washington en el que informa de que el Banco de España ha abierto una investigación sobre las finanzas del Centro Cultural Islámico de Madrid, situado en la Mezquita de la M-30.
La Fiscalía archivó
la causa porque
los acusados "no
eran objeto de investigación policial"El informe revela también que los centros islámicos de Fuengirola, Alicante y Valencia fueron objeto de investigación policial para determinar si sus fondos se desviaban a instituciones o personas vinculadas con actividades terroristas, y cita a bancos, ONG islámicas e incluso embajadas que estarían implicadas en la trama. Además, informa de varias detenciones relacionadas con la investigación -entre ellas la del director de la Mezquita y del Centro Cultural de la capital-. El texto matiza que España proseguirá la investigación y que el FBI colaborará con las autoridades españolas.
Manzanares destaca en un comentario final que es la primera investigación que realiza España sobre asociaciones de confesión islámica y se compromete a hacer un seguimiento exhaustivo del caso. La Fiscalía falló un año después que los receptores del dinero "carecían de antecedentes y no eran objeto de investigación policial", y archivó la causa. El fiscal utilizó el término fishing expedition para referirse al caso, expresión anglosajona sobre lavado de dinero y blanqueo de capitales que describe peticiones de investigación general escasas de argumentación y que no especifican los indicios criminales. Pese al sobreseimiento del caso por falta de pruebas, el Banco de España defendió la teoría de que ONG de corte islámico se escondieron detrás de la financiación del 11-M.
Estrecha colaboración
La embajada de EE UU estudia desde entonces fórmulas de colaboración conjunta y se plantea realizar un seminario sobre financiación del terrorismo islámico. El Congreso se celebra en noviembre de 2005 en la Fundación Ortega y Gasset bajo el título Financiación del Terrorismo: ¿Qué control es posible? Las jornadas fueron inauguradas por el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, y el embajador de EE UU, Eduardo Aguirre, participó en el seminario.
La Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo entró en vigor en 2010En su intervención, Alonso revela que las Fuerzas de Seguridad mantienen abiertas 85 líneas de investigación sobre redes de financiación de terrorismo nacional e internacional. El ministro obvia aportar detalles sobre las fuentes de ingresos de redes radicales, aunque cita "la desviación de recursos por medio de entidades cómplices y colaboradoras" como una de las actividades ilícitas "más difíciles de atajar". Alonso anuncia entonces que su departamento ultima un proyecto de Real Decreto que "dotará a la Policía de herramientas eficaces para bloquear la financiación terrorista".
La nueva Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo (Ley 10/2010) no entró en vigor hasta el 29 de abril de 2010, pero incluyó recomendaciones que exponía la embajada de EE UU en el último cable que trata el tema bajo el título Beneficencia: Un posible agujero en el sistema. El telegrama censura que no exista una ley estatal que regule este tipo de fundaciones y plantea la necesidad de diseñar una normativa a nivel europeo.
La flamante Ley española nace con un doble objetivo: reforzar el funcionamiento del sistema financiero español e incorporar a la legislación el contenido de la normativa del Parlamento Europeo -Directiva 2005/60/CE- sobre prevención de la utilización del sistema financiero para la financiación del terrorismo. Sin embargo, la ley que regula el derecho de asociación, en vigor desde 2002, no ha sufrido modificaciones.
El libro de la ‘Yihad’
La corresponsal del Corriere della Sera y consultora del Fondo Monetario Internacional, Loretta Napoleoni, analiza en su libro Yihad, el fenómeno de organizaciones benéficas de confesión islamista que canalizan todos los años "miles de millones de dólares hacia la red islamista". La periodista revela que en los últimos años simpatizantes del islamismo o miembros de grupos radicales han pasado del patrocinio a favor de los muyahidines a la canalización de fondos para los grupos armados islamistas.
Napoleoni describe la historia de la ONG Benevolence International Foundation (BIF). La institución fue fundada por un hombre de negocios saudí, Adel Batterjee, con el objetivo de recaudar fondos para los muyahidines. En 1993 se le concedió la exención fiscal en EE UU por tratarse de una entidad benéfica. En 2001, el BIF recaudó más de 3,6 millones de dólares y remitió 2,7 millones a víctimas de guerra musulmanas de ocho países.
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