El PSC-PSOE, a través de su diputada Gloria Gutiérrez, acusó al Gobierno de Canarias de modificar la ley del Servicio Canario de Empleo (SCE) para "ningunear" a sindicatos y empresarios y para aumentar el número de cargos públicos, y pone en entredicho su aplicación dado que la toma de decisiones no se realizará por consenso.

"Las políticas de empleo no serán efectivas si no se acuerdan en un marco de negociación colectiva", destacó Gutiérrez en un comunicado en el que subrayó que la modificación de la ley debería haberse basado en la eficacia y eficiencia del SCE teniendo en cuenta que la tasa de paro en Canarias en el último trimestre de 2010 ascendió al 28,96 por ciento de su población activa, casi nueve puntos porcentuales por encima de la media nacional

De esta manera, incidió en la necesidad de evaluar las políticas de empleo, pues aunque la Ley del SCE contemplaba evaluaciones anuales, lo cierto es que no se ha cumplido con esa obligación, "de forma que el Gobierno, en el mejor de los casos, se ha gastado el dinero que recibe del Estado y de la UE pero desconoce para qué ha servido".

"También desconoce el Gobierno canario qué instrumento de las políticas activas de empleo sirve y cual no, de forma que año tras año se repiten las mismas políticas y los mismos errores, a veces agravados", remarcó la diputada.

Al respecto, comentó que es necesario remontarse casi 20 años para encontrar tasas de paro tan elevadas en Canarias como las actuales, y señala que pese al crecimiento del turismo, en las Islas se destruye tres veces más empleo que en el resto del territorio español.

Criticó también el cambio de modelo del SCE que ha pasado de ser participativo y tripartito a ser jerarquizado y unipersonal. El órgano de decisión antes de la modificación normativa era el Consejo General de Empleo, formado por la Administración, sindicatos y empresas, "mientras que ahora se incorporan gran parte de las competencias de dicho órgano al consejero de Empleo y al director del SCE".

La diputada socialista explicó que el Consejo Consultivo de Canarias señala también que las competencias atribuidas al consejero coinciden a las que hasta ahora ostentaba el Consejo General de Empleo, e indica que en la actual regulación se incorporan de forma global las competencias a los órganos unipersonales en detrimento de los colegiados.

No obstante, Gutiérrez sostuvo que de facto este modelo es el que se ha aplicado durante la presente legislatura, pues el Gobierno ha pretendido convertir al Consejo General de Empleo y a los consejeros insulares en meros espectadores de las políticas de Gobierno.

Finalmente, reprochó que en la situación económica actual y cuando el Gobierno canario demanda austeridad en el gasto, la modificación de la Ley del SCE sirva para aumentar el número de cargos públicos, concretamente un viceconsejero y tres directores generales.