En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Andalucía Acoge, Mamen Castellanos, ha señalado que "es un tema que nos preocupa bastante", y por ello en este momento "estamos viendo cómo afrontar una especie de investigación o estudio sobre qué recursos reales hay, de qué cifras estamos hablando, qué posibilidades tienen estos chicos, qué trabas administrativas se encuentran", ya que, añade, "es una realidad que va a más y sobre todo en esta etapa de crisis".

"Hay una preocupación general en la Federación a nivel de todas sus entidades en todas las provincias andaluzas, en las que las trabas administrativas son cada vez mayores, y en las que la Administración no acaba de poner clara la situación de estas personas cuando pasan a ser ex tutelados, no tramitando permisos a tiempo, encontrándose en la calle una vez que salen de los centros, etcétera", resalta Castellanos.

Por tanto, agrega, desde Andalucía Acoge "demandamos que la Administración se dote de recursos y dé así respuesta a estos jóvenes que han estado a su cargo durante meses o años y que luego se encuentran en la calle sin posibilidad de trabajar ni de acceder a otros derechos". Al hilo de lo anterior, ha señalado que las organizaciones sociales "dan respuestas a lo urgente", pero "lo hacemos en la medida de lo que podemos porque es complicado y no llegamos a todo", asegura.

Por su parte, el co-coordinador del área de inmigración de Apdha, Carlos Arce, ha demandado también "más recursos" porque "estos son escasísimos", y sobre todo, ha pedido a la Junta de Andalucía que estos jóvenes que salen de los centros de menores al cumplir la mayoría de edad "lo hagan con papeles". Además, ha solicitado que se les ofrezca "programas de transición tanto en materia de vivienda como de empleo" para que estos jóvenes "no queden desamparados".

Al hilo de lo anterior, Arce ha explicado que a través de un informe que Apdha realizó en julio de 2009 centrándose en jóvenes inmigrantes ex tutelados que hubieran pasado por centros de protección en Córdoba —realizado conjuntamente con otras entidades en la provincia— "se obtuvieron datos demoledores".

"SOLO 16%

En viviendas normalizadas"

Así, sobre un total de 20 chicos entrevistados, "solo uno estaba trabajando, bastantes más de la mitad se encontraban en situación irregular, y dentro de los que tenían documentación, estos disponían de permiso de residencia pero no de residencia y trabajo", apunta. Además, en educación "tan solo uno de ellos tenía título oficial, y en cuanto a la vivienda, solamente un 16 por ciento estaba en situación de vivienda normalizada, piso compartido o familiar, y el resto en situación de infraviviendas o en albergues de transeúntes".

Después de conocer estos datos y tras reunirse con diversas administraciones, "se pidió —según palabras de Arce— que un chico después de pasar por el sistema de protección público no saliera sin documentación, porque directamente se manda a una situación de irregularidad y por ende a una situación de exclusión". Además, ha agregado, "se demandó un programa integral que atendiera a estos chicos una vez cumplida la mayoría de edad, sobre todo en materia de vivienda, con una red de pisos de transición hasta que pudieran valerse por sí mismo".