El Senado ha aprobado tres enmiendas transaccionadas sobre el sector fotovoltaico dentro de la Ley de Economía Sostenible entre las que figura la que eleva de 25 a 30 el número de años con derecho a prima, pero ha ratificado su rechazo a las enmiendas en las que se intentaba reducir el recorte del 30% en las horas con retribución durante los próximos tres años para las instalaciones del real decreto 661/2007.

Este recorte permitirá al sistema eléctrico ahorrar 2.200 millones de euros en tres año y fue presentado ayer en el Pleno del Senado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como necesario para corregir el "desequilibrio" en el sector fotovoltaico.

Junto al incremento en el número de años con derecho a prima, los senadores también han dado el visto bueno a otras dos enmiendas aprobadas por la Comisión de Economía de la Cámara Alta, que son la que facilita el acceso de los productores fotovoltaicos a líneas del ICO y la que garantiza que en el futuro no puedan realizarse nuevos recortes en el número de horas con derecho a prima.

Sin embargo, el Senado ha rechazado tres enmiendas defendidas por los nacionalistas dirigidas a mitigar el impacto del recorte durante los tres primeros años, así como una enmienda a la totalidad del PP en la que se solicitaba la eliminación de todas las disposiciones referidas a esta medida.

Entre las enmiendas rechazadas, figura una para cuyo contenido pidió ayer personalmente su aprobación a Zapatero el senador de CiU Jordi Vilajoana i Rovira. La propuesta consistía en computar la potencia 'pico' y no la 'nominal' a la hora de calcular las horas sometidas al recorte de primas.

También ha sido rechazada la enmienda que pedía que también se incluyese un mapa por zonas para el recorte de los tres primeros años, de modo que las regiones con más radiación solar, que son las que más horas producen, no tengan que sufrir una merma mayor en términos porcentuales.

Por último, se ha confirmado la eliminación de la enmienda de CiU en la que se aliviaba en 10 puntos, del 30% al 20%, el recorte de los tres primeros años. Como parte del trámite en la Cámara Alta, los nacionalistas vascos y catalanes también habían intentado sin éxito que el ICO pusiera en marcha antes del 30 de abril dos nueva línea de financiación para los afectados.