Castilla y León pide al Gobierno que se dirija a la Xunta para alcanzar un acuerdo sobre el decreto

Las Cortes de Castilla y León han acordado este miércoles con los votos a favor de los grupos 'popular' y mixto y la abstención de la bancada socialista solicitar al Gobierno de la nación que se dirija a la Xunta de Galicia con el fin de alcanzar un acuerdo que permita la aplicación del Real Decreto del carbón, tras el consenso alcanzado con el sector el pasado 4 de febrero.

Las Cortes de Castilla y León han acordado este miércoles con los votos a favor de los grupos 'popular' y mixto y la abstención de la bancada socialista solicitar al Gobierno de la nación que se dirija a la Xunta de Galicia con el fin de alcanzar un acuerdo que permita la aplicación del Real Decreto del carbón, tras el consenso alcanzado con el sector el pasado 4 de febrero.

Este es el principal acuerdo alcanzado en la sesión parlamentaria de este miércoles en la que se han llegado a debatir hasta tres proposiciones no de ley (PNL) distintas defendidas por cada uno de los grupos con presencia en la Cámara ya que, tras las negociaciones de los últimos días, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo, entre otros, sobre el "principal nubarrón" que existe en estos momentos en torno al futuro del carbón en Castilla y León, el recurso presentado por la Xunta de Galicia en el Tribunal de Luxemburgo contra el Real Decreto que incentiva la compra de carbón autóctono.

A lo largo del debate, PP y PSOE se enzarzaron sobre quién tiene que convencer al Gobierno de Alberto Núñez Feijoo para que retire un recurso que, según ha advertido la procuradora socialista Ángela Marqués, puede "tirar por la borda" el acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el Ejecutivo central, los sindicatos, Carbounión y las empresas eléctricas, que finalmente retiraron su recurso al Real Decreto del Gobierno "reviviendo" a un sector que, en palabras del portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, estaba en coma y más allá de la UCI.

Así, mientras la procuradora socialista reclamó en reiteradas ocasiones la intervención del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que convenza a su homólogo gallego y compañero de partido a retirar un recurso "que nos puede complicar la vida a todos", el procurador del PP Raúl de la Hoz aclaró que el que ha creado el problema en el sector del carbón ha sido el Gobierno de la nación por retirar en su día los incentivos y al que le corresponde ahora negociar con la Xunta de Galicia como ha hecho antes con las eléctricas, según sus palabras.

Ante estas discrepancias entre PP y PSOE sobre el interlocutor con el Gobierno gallego, el portavoz del Grupo Mixto propuso un texto transaccionado durante la defensa de su PNL para instar al Gobierno central, autor material del Real Decreto, a negociar con la Xunta, administración recurrente, la retirada del recurso pero con la audiencia de la Junta de Castilla y León ya que, aunque esta administración no tenga capacidad de decisión, "algo podrá decir porque nos afecta y mucho".

Este nuevo texto recibió el visto bueno del Grupo Parlamentario Popular y la abstención de los socialistas que también se abstuvieron en la votación de la anterior PNL del PP ya que, aunque incluyó un punto transaccionado a propuesta del PSOE para que el Gobierno mantuviera conversaciones con los grupos políticos y con las comunidades autónomas para la búsqueda de un 'mix energético', este punto no se votó por separado como querían los socialistas sino en conjunto con la propuesta de los 'populares'.

Aplicación inmediata de la resolución

El Grupo Parlamentario Popular centró la mayor parte de sus exigencias a lo largo de los debates en la necesidad de la aplicación inmediata de una resolución que, según recordó Raúl de la Hoz, tendría que haber estado publicada en el BOE hoy. "No está porque no se ha enviado y las cuencas mineras no pueden esperar más; nos jugamos la vida en muy poco tiempo", ha advertido De la Hoz, que ha comparado la defensa del sector del carbón y la paz social que hubo en los gobiernos del PP con los problemas generados por los gobiernos socialistas, con una marcha negra cuando gobernó Felipe González y una etapa de carbón amontonado con José Luis Rodríguez Zapatero.

Ante las críticas de los socialistas sobre la "actitud blandengue y torticera" de Juan Vicente Herrera ante Núñez Feijoo, De la Hoz ha acusado al Gobierno de la nación de haber ninguneado políticamente a la Xunta de Galicia en el tema del carbón y ha recordado que ha sido precisamente el Gobierno de Castilla y León el que ha tenido que hacer de intermediario con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, porque al consejero gallego "ni le cogen el teléfono".

Finalmente, ha admitido sentir "envidia" de las declaraciones del líder socialista en Galicia, Patxi Vázquez, que, en su defensa del carbón autóctono, ha admitido que antes que socialista es gallego, unas afirmaciones que el procurador 'popular' de los socialistas de Castilla y León. De la Hoz ha afeado en este sentido las declaraciones del PSCL sobre la ilegalidad de aplicar el Decreto del carbón mientras se mantuviesen los recursos en Luxemburgo ya que la realidad ha demostrado, según sus palabras, que se puede desarrollar la norma del Gobierno mientras se mantiene el recurso de la Xunta de Galicia.

Desde el PSOE, la procuradora Inmaculada Larrauri ha asegurado que la resolución acordada el pasado viernes con el sector estará publicada esta misma semana y ha acusado a la Junta de Castilla y León de pretender poner deberes a otros sin ponerse ella ninguna tarea.

"El ansia por dañar a Rodríguez Zapatero les impide tomar decisiones pensando en el bien de los ciudadanos, a qué tienen miedo", se ha preguntado Larrauri, que ha acusado a la Junta, a la que se ha referido como un "gobierno ausente" —en alusión a la escasa presencia de consejeros en el pleno—, de echar balones fuera y estorbar cuando el Gobierno ha llegado a un acuerdo "satisfactorio para todos".

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