El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por Fernando Ferrín Calamita contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía Vicente, que fue el encargado de instruir la causa por la que juez de familia fue finalmente inhabilitado por 10 años por retardar los trámites de adopción de una menor instados por una pareja de lesbianas.

El auto dado a conocer este miércoles por el Supremo, cuyo ponente es el magistrado Carlos Granados, rechaza el recurso de súplica presentado por Ferrín Calamita contra el archivo inicial de su querella. Considera que las alegaciones del juez suspendido no desvirtúan las razones que fueron tenidas en cuenta el pasado mes de noviembre para dar carpetazo a su iniciativa legal contra Abadía.

No aporta razones

Así, el alto tribunal recuerda que Ferrín Calamita no aportó ningún elemento que permitiera apreciar la existencia de prevaricación en la actitud del magistrado que instruyó la causa contra él por retardo malicioso. Añade que el recurso de súplica "no aporta razones que muestren que esa conclusión era incorrecta".

El pasado 17 de noviembre, el Supremo estimó que no era posible apreciar en el magistrado del TSJ la comisión del delito de prevaricación que Ferrín Calamita le imputaba, puesto que los autos que dictó, contra él no constituyeron vulneración del principio de legalidad "ni una interpretación irrazonable de las normas que sustentaban la decisión cuestionada".

Según la citada resolución, de la que también fue ponente Granados, "se podrá discrepar de la vinculación que parece sostenerse, en el primero de los autos mencionados, respecto al criterio de la Sala de admisión de la querella", si bien finalmente el TSJ de Murcia se inclinó por los criterios expresados por Abadía Vicente en sus resoluciones y procesó al juez de familia.

La postura del instsructor Abadía fue también confirmada por la sentencia que condenó a Ferrín Calamita a dos años de inhabilitación por un delito de retardo malicioso y además, posteriormente, el Tribunal Supremo aumentó la condena hasta los 10 años de inhabilitación al considerar que las decisiones de Ferrín Calamita en relación con expediente de adopción constituyeron prevaricación (actuación injusta del juez a sabiendas de que lo es).

El alto tribunal condenó además a Calamita a pagar una multa de 620 euros, indemnizar a las perjudicadas con 6.000 euros y hacer frente a las costas del juicio. Por otra parte, el Supremo estimó uno de los motivos del recurso presentado por la defensa de Ferrín Calamita para eliminar la agravante aplicada por el Tribunal Superior de Murcia de desprecio de la orientación sexual.

En la primera sesión de la vista oral ante el tribunal murciano, el magistrado Ferrín Calamita, indicó que este era "un juicio político", y aseguró que sólo había velado por los intereses de la menor" "Mi única intención fue garantizar lo mejor para la niña, espero que sea feliz, que crezca con el cariño de Vanesa y Susana (los nombres de la madre biológica de la menor y su pareja) y que la adopción haya sido la mejor opción", dijo en su defensa.