El Gobierno paralizará las órdenes de expulsión de las mujeres inmigrantes que, en situación irregular, denuncien maltrato. Así consta en el borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería de 2009, que tenía que haber entrado en vigor en mayo del año pasado. El Reglamento ha sido presentado este martes por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, y es fruto de la negociación del Ejecutivo con los sindicatos y la patronal.

A partir de ahora, se abrirá un proceso de alegaciones de unos 15 días antes de que llegue al Consejo de Estado y, posteriormente, lo apruebe el Consejo de Ministros. La aprobación definitiva del texto podría llegar en unos dos meses.

Terrón ha asegurado que la paralización de la orden de expulsión de las extranjeras 'irregulares' que denuncien maltrato "es un imperativo de la ley". "Todo lo que la norma prevé lo hemos desarrollado en sus estrictos términos", ha indicado para advertir de que "el ámbito para innovar del Reglamento es cero".

De esta forma, las víctimas extranjeras de violencia de género, por sentencia judicial, y de trata o explotación sexual podrán obtener un permiso de trabajo y residencia en España de hasta cinco años, además de suspenderse el procedimiento de expulsión si se hubiera abierto por su irregularidad.

La portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperanza Esteve, ha indicado que el Reglamento en este sentido es "preventivo" y detalla que a estas mujeres  "se les va a dar una orden de protección, unas medidas cautelares, un permiso de residencia y trabajo provisional -que después tendrá un carácter más permanente-, y una documentación que le servirá para protegerla a ella y a sus hijos".

No obstante, ha advertido de que en el caso de que se demuestre de que la denuncia por malos tratos es falsa "se le abrirá a la denunciante un expediente de expulsión para su posterior ejecución".

En el caso de mujeres víctimas de trata, el Reglamento establece el periodo de reflexión de 30 días para decidir si colaboran en la persecución de redes organizadas y la posibilidad de solicitar la residencia y el permiso de trabajo, con una vigencia de hasta cinco años.

El Reglamento también fija los requisitos para la reagrupación familiar o para la regulación por arraigo -se regularizará a los 'sin papeles' que tienen hijos menores de edad a su cargo de nacionalidad española- y concreta los "elementos mínimos" que deben incluir las administraciones locales o autonómicas en sus informes de integración, que no serán vinculantes para el Gobierno que tiene la competencia para resolverlos. "Dudo que no se tenga en cuenta ese informe, pero no se puede ceder a un ayuntamiento la capacidad de decidir sobre la circulación de una persona por la UE", dice Terrón.

También se pretende ayudar a resolver problemas burocráticos a personas que caen en situación de "irregularidad sobrevenida" y que han mantenido "un recorrido de regularidad", cuando se topan con problemas de plazos y de tramitación de sus contratos o permisos de residencia.

Además, el texto aborda el retorno de los extranjeros que han salido del país y que podrán volver después de tres años, sin perder el tiempo de residencia que tenían, siempre que comuniquen su salida o se acojan a un plan de retorno.

Durante la presentación de este borrador, Terrón ha opinado que esta regulación "consolida un modelo basado en la cultura de la regularidad y vinculado al mercado de trabajo", que favorece "la integración social de los inmigrantes y la convivencia".