La defensa de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería en Internet se convirtieron en 2009 en una cuestión de Estado entre España y Estados Unidos. Así se deduce de la lectura de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, a los que 20minutos.es ha tenido acceso a través del diario noruego Aftenposten. Los mandatarios de ambos países, José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama, abordaron el tema en la reunión que tuvieron el 13 de octubre en la Casa Blanca dentro del programa del viaje oficial que realizó -por primera vez- el presidente español a Washington. Seis semanas después veía la luz el anteproyecto de ley de Economía Sostenible.
Así se explica en un cable diplomático enviado el 28 de octubre desde la Embajada estadounidense en Madrid, que resalta que el encuentro entre los jefes de Estado supuso, por un lado, el empuje definitivo a la recién anunciada Comisión Interministerial que debía establecer las bases para una nueva legislación contra las descargas ilegales en Internet –que se plasmaría después en la disposición final segunda o ley Sinde-; y por otro, una inyección de fuerza a la "disposición" de Zapatero para defender públicamente la necesidad urgente de encontrar una solución a un asunto que preocupaba profundamente a la Administración de EE UU desde 2004.
España comunicó
a EE UU que el mensaje sobre propiedad intelectual "había sido recibido"Son apreciaciones de Arnold Chacón, encargado de Negocios de la Embajada y de redactar, en este caso, un texto resumen de varios acontecimientos en el que queda patente que la visita caló hondo, para bien, en las altas instancias del Gobierno español. De hecho, así se lo transmitió unos días antes en una reunión el secretario general de la Presidencia, Bernardino León, según consta en otro cable confidencial; departieron en ella sobre todos los asuntos de los que habían hablado Obama y Zapatero, incluida la posibilidad de un nuevo viaje del español en enero a Washington.
León comunicó a Chacón que el mensaje del Gobierno estadounidense sobre propiedad intelectual "había sido recibido" y que el Ejecutivo español lo tenía ahora "en su punto de mira". El éxito no fue una sorpresa ya que, desde que Obama tomara posesión el 20 de enero, el Ejecutivo estadounidense empezó a ver la luz al final del túnel tras varios años de lucha quijotesca para implantar en España su ya conocido plan estratégico contra la piratería. El entusiasmo del Gobierno de Zapatero respecto a la llegada de Obama haría mucho más fácil retomar, entre otros, este problema.
"Creemos que el año que tenemos por delante nos ofrece oportunidades importantes para presionar al Gobierno español y que dé pasos definitivos", escribía el mismo Chacón como colofón a otro cable unos meses atrás. Fue el 2 de marzo, poco antes de que tuviera lugar la primera toma de contacto personal entre Zapatero y Obama, en el marco de una cumbre entre EE UU y la UE en Praga; y antes también de que España fuera, de nuevo, incluida en la famosa Lista de Vigilancia 301 sobre la piratería en el mundo que elabora anualmente el Departamento de Comercio de EE UU. Una de cal y otra de arena.
Medidas "en cuestión de días"
En el mismo telegrama, en el comentario final, se apunta que España estaba cada vez más preocupada por su "imagen internacional", ya que en enero de 2010 ejercería la presidencia de turno de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el Gobierno de Zapatero tenía entre las prioridades de su agenda, según la Embajada en Madrid, "fortalecer" las relaciones bilaterales con EE UU mediante encuentros de "alto nivel". En este contexto, prosigue Chacón, España es consciente de que su problema con la piratería "perjudica" a nivel global las relaciones con la Administración Obama. La conclusión es clara: "Necesitamos encontrar otras maneras de utilizar este sentimiento en nuestra ventaja".
Y así fue. Para ello el Gobierno estadounidense contó con la ayuda de la industria de contenidos de su propio país. Según consta en uno de los cables, durante las semanas previas al encuentro del 13 de octubre entre Obama y Zapatero, la MPAA (Motion Picture Association of America) y la RIAA (Recording Industry Association of America), "presionaron activamente" para que el tema de la piratería se planteara en la reunión de la Casa Blanca. No fueron los únicos que actuaron: miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron "una carta" a la Oficina del Representante de Comercio y al mismo Departamento de Comercio "con el mismo mensaje".
La Coalición de Creadores calificó la creación de la Comisión de "maniobra cínica para darle a Zapatero algo que decir"El 6 de octubre, una semana antes de la cita en Washington, las expectativas eran buenas. El entonces secretario de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Francisco Ros, reveló a los representantes de la oficina económica de EE UU que "en cuestión de días" el Gobierno español anunciaría nuevas medidas para la protección de la propiedad intelectual. Tres días después, el 9 de octubre, el Consejo de Ministros aprobaba la creación de la "Comisión Interministerial de Trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual mediante páginas de Internet", que debía presentar sus conclusiones antes del 31 de diciembre.
El presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, calificó esta iniciativa de "maniobra cínica para darle a Zapatero algo que decir" si, efectivamente, el asunto entraba a formar parte del orden del día en su reunión inminente con Obama. Para Olcese todo formaba parte de "una táctica dilatoria" del Gobierno con el fin de buscar un acercamiento de posturas entre los países vecinos durante la presidencia de la UE. Poco trascendió en su día de lo que hablaron Obama y Zapatero, in situ, sobre piratería; de hecho, en la comparecencia conjunta posterior no se mencionó el tema. En España se supo, aunque hubo apenas un par de referencias.
Objetivo: no tocar el Código Penal
Los días posteriores al encuentro en la Casa Blanca, sin embargo, evidenciaron la prisa española por acelerar el proceso legislativo. Mientras el 19 de octubre la Coalición anunció la creación de una macroweb de contenidos "legales" a precios razonables que incluiría acuerdos con las majors de EE UU –y que luego fracasó-, dos días después, el 21 de octubre, Zapatero hacía la primera referencia en público al asunto de la piratería. Fue en una reunión con el American Business Council, organización de carácter independiente integrada por los grupos de empresas estadounidenses en España, en la que además mostró su "apoyo" a la negociación -en teoría, rota oficialmente en abril- entre los creadores de contenidos y las principales operadoras de telecomunicaciones.
El 23 de octubre, la Comisión quedó constituida con representación de ocho ministerios y acordó un programa de trabajo con otra fecha tope: el 10 de diciembre, como mucho, deberían tener unas primeras conclusiones redactadas. Sin embargo, algunas de esas conclusiones parecían estar ya definidas de antemano. Según consta en un cable fechado el 4 de noviembre, Carlos Guervós, subdirector general de Propiedad Intelectual, se reunió el 29 de octubre con María Pallante, representante de la Oficina de Copyright de EE UU, y le explicó con todo detalle el "componente legislativo" que incluiría el proyecto de ley que llegaría a la mesa del Consejo de Ministros: un sistema mixto para perseguir la piratería en la Red, con "soluciones judiciales y administrativas".
La idea era conseguir un procedimiento civil "sólido y ágil" para no modificar el Código PenalLa idea fundamental, por una parte, era conseguir un procedimiento civil "sólido y ágil" para no tener que modificar el Código Penal, una tarea, según Guervós, "ardua y controvertida". Pero el Gobierno también apostaba por un "remedio administrativo" mediante el que bloquear, retirar o eliminar contenido vulnerador de la propiedad intelectual para "detener la hemorragia" causada por la piratería en España. No se actuaría, añadió, contra los usuarios particulares. Y dejó muy claro que la propuesta, al no tramitarse como una ley orgánica, sólo necesitaría para ser aprobada la "mayoría relativa" del Congreso; sería así una tarea "fácil" y que llevaría poco tiempo.
En el comentario final del cable se indica que Guervós y Pallante acordaron en la reunión que el primero viajaría a Estados Unidos para informar a los "sectores privados interesados" del desarrollo de los acontecimientos. "Está por ver", se añade, "si la Comisión será capaz de cumplir su calendario hiper-acelerado y presentar sus propuestas en las nueve semanas que quedan para que finalice el año" y si el Gobierno "presionará" para la aprobación de la ley. Dicho y hecho: el 27 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluía un apartado final con la primera versión de la ley Sinde.
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