El secretario general de UGT de Navarra, Juan Goyen, ha afirmado que el acuerdo económico y social suscrito por el Gobierno, patronal y sindicatos es "totalmente positivo", por lo que significa el hecho de haber alcanzado un acuerdo en sí y por el propio contenido del acuerdo.

"Desde 2008, UGT venía pidiendo un acuerdo social, político y económico que nos permitiese salir todos juntos de la crisis, para que no se abriese más la brecha social", ha valorado en una rueda de prensa.

Además, Juan Goyen ha destacado que "la huelga general del 29 de septiembre ha sido la que ha hecho posible, en un alto porcentaje, la apertura de negociaciones para llegar a este acuerdo" y ha explicado que "la huelga general hizo mella en el Gobierno".

Por su parte, el secretario de Organización de UGT, Manuel Gómez, ha defendido que este era un acuerdo "necesario para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones, introduciendo reformas que aseguran la sostenibilidad financiera y la viabilidad futura de nuestro sistema de Seguridad Social, sin poner en cuestión su carácter público y universal".

Gómez ha valorado que "es un acuerdo que permite recuperar el consenso y la negociación en el ámbito del Pacto de Toledo, y es una prueba de que es posible la mejora de la protección social y el aseguramiento de la sostenibilidad del sistema sin la necesidad de arbitrar recortes innecesarios".

En definitiva, el dirigente sindical ha destacado que el acuerdo "ha permitido modificar y reconducir las medidas anunciadas por el Gobierno desde el año pasado y que solamente iban enfocadas al recorte de derechos".

Por su parte, Juan Goyen se ha detenido en el contenido del acuerdo para explicar que se divide en tres partes. La primera de esas partes contempla tres aspectos: la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones; el desarrollo de las políticas activas de empleo para asegurar una atención más personalizada a las personas en situación de desempleo; y las políticas industrial, energética y de innovación.

La segunda parte del acuerdo social recoge un compromiso entre el Gobierno y los sindicatos que aborda diversas cuestiones relativas a la función pública, como el régimen de clases pasivas, el desarrollo del estatuto del empleado público y la evaluación de los acuerdos en su día alcanzados en el ámbito de la Función Pública. "Aquí estamos hablando claramente de que tendrá que ser revisada la reducción del salario de funcionarios públicos producida en el mes de mayo del año pasado", ha indicado Goyen.

La tercer parte del acuerdo, entre organizaciones sindicales y empresariales, establece los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva. "Se establece el perímetro de la negociación y los límites que en cada una de las materias que conforman el perímetro podemos avanzar", ha concluido el secretario general de UGT.