El trabajo en red de los profesionales del ámbito sociosanitario y educativo y la formación continuada de los mismos son dos de las claves para prevenir eficazmente la mutilación genital femenina (MGF), una práctica todavía extendida en algunos países subdesarrollados que ha afectado a algunas niñas y mujeres inmigrantes en Aragón.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Rosa Borraz, ha presentado el protocolo del Gobierno de Aragón contra esta lacra, con motivo de la conmemoración, este domingo, 6 de febrero, del Día Internacional contra la MGF. Aragón y Cataluña son las únicas comunidades autónomas que tienen su propio protocolo.

La mutilación genital femenina (MGF) incluye todas las prácticas que supongan la extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos, ya sea por motivos culturales, religiosos o por cualquier otra razón, no terapéutica. Cada año, dos millones de niñas corren el riesgo de sufrir esta práctica en todo el mundo.

Se lleva a cabo de forma generalizada en 28 países de África y es común en algunos países de Oriente Medio y en algunas comunidades musulmanas. En Aragón tiene presencia significativa nueve etnias que practican la mutilación genital femenina.

Esta práctica supone una violación de los derechos de las mujeres y es constitutiva de delito en España. El riesgo para la salud, así como las complicaciones en la vida sexual o psicológicas, han llevado al Gobierno de Aragón a elaborar un protocolo para su prevención en Aragón.

La intervención de los profesionales puede producirse en diferentes momentos: cuando detecten factores de riesgo, ante un riesgo inminente o cuanto la mutilación ya se ha practicado.

Se considera que existen factores de riesgo cuando una mujer pertenece a una etnia en la que se practica la MGF o es miembro de una familia en la que se ha practicado. En este caso, se informará a los progenitores los riesgos para la salud y las consecuencias jurídicas que conlleva su práctica.

Además, desde el sistema educativo se valorará la actitud de la familia ante esta información y se comunicará al Centro de Salud; el personal sanitario deberá hacer revisiones más continuadas e implicar a todo el equipo de atención primaria y coordinarse con los servicios sociales.

Existe riesgo inminente cuando se organiza un viaje al país de origen y cuando la menor informa de las previsiones de su familia sobre la práctica inminente de la MGF. En este caso la intervención debe ir dirigida a la firma, por parte de los progenitores, del compromiso de abstenerse a practicar la ablación.

Para ellos, todos los profesionales implicados se coordinarán, se realizará una revisión pediátrica y, si se recibe una negativa de la familia a firmar el compromiso, se derivará el caso al Servicio Especializado de Menores.

Cuando la MGF se ha practicado y se detecta en los diferentes ámbitos se tratará de verificar la situación, enviando el caso a las Unidades de Pediatría. Además se intervendrá para evitar casos similares en la misma familia y, de verificarse la mutilación, se intervendrá judicialmente.