La vicepresidenta y directora financiera de la constructora Melchor Mascaró, Maria Mascaró, quien ha prestado declaración en calidad de imputada ante el juez instructor del caso Cloaca, ha negado haber pagado comisiones a responsables políticos del Consell de Mallorca por la recogida selectiva de residuos sólidos y se ha desvinculado de una presunta trama de desvío de fondos a empresas concesionarias de este servicio, según han informado fuentes del caso a Europa Press.

Durante su extensa comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, quien no ha decretado ninguna medida cautelar contra ella, y los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, la encausada se ha ratificado de este modo de la declaración que ya prestó en dependencias de la Policía Nacional tras ser detenida el pasado 13 de enero.

Mascaró, asistida por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, ha asegurado que como vicepresidenta de la empresa que lideraba una de las UTE adjudicatarias de la recogida de basuras, no se ocupaba del día a día en este sentido y ha rechazado por tanto haber tenido constancia de que se hubieran producido irregularidades en forma de facturas infladas u otros mecanismos.

De este modo es como la inculpada se ha desvinculado, durante más de dos horas de deposición, de una presunta trama urdida desde el Consell con la connivencia de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado numerosas facturas. Ello habría servido, según los investigadores, para malversar entre uno y tres millones de euros.

Mientras tanto, este jueves también ha sido interrogado en calidad de imputado el gerente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Enrique Francia, quien, defendido por el letrado Luis Jordana de Poza, ha aseverado durante su declaración que era el Consell quien les impuso el nuevo sistema de facturación para la recogida de residuos así como las toneladas que la UTE debía facturar a la Institución insular.

Fcc y lumsa facturaban dos millones al año por la recogida

Tal y como ha señalado, la unión de empresas que encabezaba FCC junto a Lumsa facturaba a la administración supramunicipal por este concepto unos dos millones de euros.

En el marco de esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, el juez decretó libertad provisional sin fianza para el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, y para el empresario del sector de residuos de la Part Forana, Simón Galmés Veny, a quien, no obstante, les retiró el pasaporte, les prohibió abandonar el territorio nacional y les ordenó personarse cada 15 días ante la autoridad judicial.

Además de Riera, Galmés, Mascaró y Francia, también fueron arrestados durante el dispositivo policial del caso la economista del servicio de Residuos del Consell, María Morey, y el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores de la isla, Gabriel Perelló.

Este caso de supuesta corrupción, en el que se encuentra personado el Consell como acusación particular, llegó a la Fiscalía después de que el pasado verano los servicios jurídicos de la institución insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.