El PP ha considerado que la Ley de la Buena Administración y del Buen Gobierno no contribuirá a luchar contra la corrupción en Baleares y ha exigido que esta nueva normativa no suponga mayor gasto público para la comunidad. Por ello, de los 55 artículos con los que cuenta la normativa, los 'populares' han presentado una enmienda a la totalidad "por coherencia", así como otras 55 enmiendas, de las cuales "más de la mitad son de supresión".

Los parlamentarios del PP Antoni Serra y Catalina Soler han considerado que esta nueva ley "de buen gobierno, sólo tiene el nombre" y han lamentado que la mayor parte de los artículos ya estén recogidos en "otras leyes que funcionan bien".

Así, han remarcado que su aplicación no debe suponer un incremento del gasto público y han criticado que la ley cree una nueva escala de funcionarios. Tampoco se han mostrado a favor de que haya incentivos económicos para los empleados públicos que trabajen mejor puesto que ya existen los de productivad.

En relación a la creación de la Oficina de evolución pública, han reprochado que no tenga en cuenta la labor desarrollada por los interventores, si bien no han rechazado su existencia siempre y cuando no suponga más gasto público.

Por otra parte, se han mostrado preocupados por que la Ley no recoja el trabajo llevado a cabo por la Sindicatura de Cuentas, así como por los interventores, o el control parlamentario realizado por los diferentes partidos políticos.

Una ley "coja como para hablar de transparencia"

En este sentido, han considerado que la ley aprobada por el Consell de Govern está "muy coja" como para "poder hablar de transparencia" y han revelado que UM ha presentado también un número similar de enmiendas que los 'populares' -56-. No obstante, no se prevé que el partido presidido por Josep Melià apoye la enmienda a la totalidad del PP que se debatirá en el pleno del próximo martes.

En relación a la Oficina de evolución pública, Soler ha criticado que su director esté nombrado por el Consell de Govern cada cinco años, algo que "no tiene sentido". Por ello, ha abogado por que "cada legislatura nombre a los suyos" y por que la normativa especifique qué tarea deben desarrollar.

El diputado del PP Antoni Serra ha tachado de "inútil" esta ley que "encima generará más gasto" y ha defendido la necesidad de luchar contra la corrupción, "pero con eficacia" y no mediante una "ley de calidad".

En este mismo sentido se ha manifestado Soler, quien ha destacado que se trata de "un refrito de otras leyes" junto a "cuatro datos que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción". Así ha indicado, por ejemplo, que lo que plantean los artículos del 2 al 8 ya está recogido en el régimen administrativo, mientras que los aspectos sobre la transparencia los contiene la actual ley de contratos.