El titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha ordenado finalmente que se ejecute de forma inmediata la pena de seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación impuesta por el mismo órgano y ratificada por la Audiencia Provincial contra el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz por un delito urbanístico en el denominado caso 'Banana Beach', por el que también condenaron a otros seis ex ediles que formaban parte de la comisión de gobierno que concedió una licencia para construir 238 viviendas, aparcamientos y locales comerciales en suelo no urbanizable.
De esta forma, el juez deniega la suspensión de la condena y también la sustitución de la misma por una pena de multa, como pidieron las defensas de los acusados; estimando, así, los argumentos planteados por la Fiscalía de Málaga, que se opuso a ambos supuestos, al alegar la cantidad de procedimientos que los acusados tienen pendientes, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
En este sentido, actualmente hay unas 25 causa incoadas, con un mínimo de 13 acusaciones ya formuladas por la Fiscalía, según precisaron las mismas fuentes, quienes señalaron que el juez basa su decisión precisamente en ese número de causas aún sin resolver, lo que demostraría la "reincidencia" de los acusados.
Además, el auto, contra el que se puede presentar recurso de reforma, ante el mismo juzgado, y de apelación, ante la Audiencia, hablaría también de un posible "riesgo de fuga", según la información publicada hoy por el diario El Mundo en su edición de Málaga.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga condenó en marzo de 2005 al ex regidor y a otros seis ex concejales a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, para cada uno, como autores de un delito consumado contra la ordenación del territorio. En la sentencia, se consideró probado que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, de la que formaban parte los acusados, aprobó el 9 de septiembre de 1998 el otorgamiento de licencia de obras a Turasa para la construcción en la zona conocida como 'Banana Beach'.
La defensa del ex alcalde de Marbella ha manifestado que recurrirá el auto que ordena la ejecución inmediata de la pena aunque ello no paraliza la medida formal y procesalmente. Así lo aseguró hoy a Efe el abogado de Muñoz, José María del Nido, que explicó que, sin embargo, el juez tiene facultad para paralizar la ejecución y así se lo solicitará.
Además del recurso de reforma ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, que dictó el auto, la defensa interpondrá otro recurso de apelación posteriormente ante la Audiencia Provincial de Málaga. También comunicará esta circunstancia al Tribunal Constitucional en el recurso de amparo que se tramita actualmente, para pedir la suspensión cautelar del auto.
El juez denegó suspender la condena y sustituir la pena por multa como solicitó en su día la defensa de Julián Muñoz y, según fuentes judiciales, el magistrado se ha basado para tomar su decisión fundamentalmente en que el ex alcalde tiene pendientes "numerosos procedimientos penales por delitos urbanísticos".
Muñoz, que en el momento de los hechos actuaba como alcalde accidental, fue condenado junto a otros seis ex concejales, Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá Duarte, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle Arcal, Juan Antonio Yagüe Reyes -hermano de la actual alcaldesa, Marisol Yagüe- y Dolores Zurdo Padilla.
El juez también deniega para todos ellos la suspensión de la pena y acuerda la ejecución inmediata de la condena. Además de a cárcel, todos los ex ediles fueron condenados junto a Julián Muñoz a ocho años de inhabilitación por delito consumado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y se absolvió al ex alcalde Jesús Gil y Gil por extinguirse su responsabilidad criminal al fallecer.
Muñoz ha sido condenado ya en dos ocasiones por delito urbanístico, uno por las referidas licencias de obras en "Banana Beach" y otra por autorizar una licencia de obras a la entidad Promoción de Edificaciones Industriales S.A. (Proinsa) para levantar 150 viviendas, garajes y locales junto al Palacio Polivalente. En la sentencia del caso Banana Beach se destacó que el otorgamiento de licencia se hizo de modo "flagrante y patentemente arbitrario, con olvido completo de la función pública urbanística" y el juez calificó en su día los hechos como "crimen urbanístico".
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