El Gobierno de Madrid ha acordado este jueves iniciar los pasos para retomar la Operación Chamartín, el proyecto de prolongación de La Castellana que se gestó hace más de dos décadas, afecta a 312 hectáreas de superficie y se desarrollará los próximos 15 años, con más de 11.000 millones de euros de inversión.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado enviar a la Comisión regional de Urbanismo el convenio para ejecutar la Operación Chamartín, una de las obras más grandes que se realizarán en la zona norte de Madrid sobre una superficie equivalente a tres veces el parque del Retiro.

En esos suelos, ha explicado el vicepresidente, está previsto que se construyan 17.000 viviendas en las que habrá 50.000 residentes, y que trabajen unos 88.000 empleados, todo lo cual obliga a dotar la zona de las infraestructuras y servicios necesarios, como una nueva línea de Metro, conexiones con la Calle 30, la M-40, la M-607 y el soterramiento del nudo norte.

Una vez que la Comisión de Urbanismo declare idónea la realización del proyecto, lo remitirá al Ayuntamiento de Madrid para la aprobación definitiva del Plan Parcial de la zona afectada, que ya cuenta con los informes favorables de impacto ambiental de la Administración regional.

González, que ha recordado que Renfe es "el mayor tenedor de suelo" de esta operación pues le pertenece alrededor del 60% de la zona de actuación, ha destacado que el proyecto implica "el cubrimiento parcial y muy importante de muchos kilómetros de vía ferroviaria" así como la reforma de la estación de Chamartín.

Ha señalado, sin embargo, que el resto de la superficie a desarrollar es propiedad de la Comunidad (el Canal también posee suelos en el norte de la ciudad), del Ayuntamiento, de empresas y de privados que con esta Operación podrán liberar suelo para servicios e infraestructuras y el resto lo venderán "para que lo promocione alguien".

Para González, se trata de una actuación "muy complicada" en la que nunca hasta ahora ha habido acuerdo entre todas las Administraciones afectadas en cuanto a su diseño, su contenido, las infraestructuras que habrá que hacer y como se va a financiar todo el desarrollo.