La Junta ordenó al día siguiente la paralización inmediata de esa gravera, explotada por Áridos Rodisán sin autorización. La empresa podría enfrentarse ahora a un expediente sancionador por infringir de forma grave la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y que le podría acarrear una multa de hasta 2,4 millones de euros. No obstante, Áridos Rodisán ya habría trabajado ilegalmente en alrededor de cinco hectáreas, lo que suponen unos 600.000 euros, según Ecologistas en Acción.
Desprotección
A pesar de la rápida reacción de la Junta, la Consejería de Fomento continúa adelante con el proceso de descatalogación de 257 hectáreas de ese mismo terreno, que dejarían de tener interés paisajístico, histórico y agrícola y dejarían de ser de singular valor ecológico, para pasar a ser suelo rústico, y por tanto apropiado para la extracción de grava. Esas 257 hectáreas reportarían, según los ecologistas, unos beneficios de 45,07 millones de euros al precio actual de mercado.
Los ecologistas e Izquierda Unida del Ayuntamiento de La Cistérniga han pedido a la Consejería de Fomento que mantenga la catalogación de ese espacio «en lugar de favorecer el interés particular del infractor», informa Europa Press.
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