Los eurodiputados de todos los grupos criticaron unánimemente la tardanza del Ejecutivo comunitario en pronunciarse sobre las obras de la M-30 después de más de dos años de investigación, y le pidieron que acelere su análisis.

Pero finalmente no se decidió, a pesar de que estaba previsto, sobre la fecha de la misión que el Parlamento enviará a Madrid para analizar el impacto de los trabajos.

El eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz señaló que él nunca había votado sobre el envío de la misión, a lo que el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, respondió que la decisión ya fue tomada en noviembre por los coordinadores de los grupos y "había que cumplir" con lo acordado.

Por ello anunció que se dirigirá al presidente de la Eurocámara, Josep Borrell (PSOE), para pedirle autorización sobre el viaje, aunque la fecha se fijará "en un futuro", cuando se haya decidido la composición de la delegación.

Dictamen del Consejo de Estado

Ante la Comisión de Peticiones compareció el director general de Desarrollo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, José María Ortega, quien aseguró que el Ayuntamiento nunca ha intentado eludir la evaluación de impacto ambiental de las obras de la M-30.

Según dijo, fue la Comunidad de Madrid la que solicitó un dictamen al Consejo de Estado, que declaró que las actuaciones municipales no están sujetas a evaluación de impacto ambiental.

No obstante, la Comunidad de Madrid impuso nueve condiciones previas a las obras y 19 para la fase de ejecución, cuyo cumplimiento se evalúa cada tres meses.

Ortega señaló que el proyecto "está sometido al control político y al control judicial", y hasta ahora todas las sentencias han dado la razón al Ayuntamiento.

Asimismo, defendió que el proyecto "tienen un efecto positivo evidente en términos ambientales, sociales y puramente económicos".

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid y promotora de la queja ante la Eurocámara, Inés Sabanés, destacó que la evaluación de impacto ambiental es la "seña de identidad y emblema" de la legislación medioambiental de la UE, y por ello calificó de "alarmante" la resistencia del Ayuntamiento a aplicar el procedimiento a la M-30 mediante actuaciones como calificar de calle "lo que es una autovía urbana o fragmentar el proyecto".

También criticó que no se hayan estudiado las alternativas a la obra y que se haya vulnerado el derecho a la información.

Asimismo, dijo que ya se han producido daños al patrimonio y vertidos al río, y censuró al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por "ceñirse al calendario electoral" y no dar las "garantías necesarias" al proyecto.

También intervino en el debate Samuel Martín-Sosa Rodríguez, en representación de Ecologistas en Acción, quien destacó que el soterramiento de la M-30 es "incompatible con la protección de la salud de los madrileños".

En este sentido, explicó que Madrid supera los valores máximos de contaminación marcados por la normativa comunitaria y que diversos estudios han demostrado que si las emisiones se recortan, podrían ahorrarse 1.700 muertes al año.

La puesta en servicio de la nueva M-30 aumentará el tráfico en 200.000 vehículos privados más, y supondrá un nuevo aumento de la contaminación, dijo.

Por parte de la asociación de "Afectados Nudo Sur", Roberto Tornamira explicó que representa a 13.000 vecinos de que se oponen a las obras y que viven en "uno de los puntos más negros" de la M-30.

 Críticas por la ausencia de Gallardón

Durante el debate entre los eurodiputados, el socialista Carlos Carnero criticó que Ruiz-Gallardón no haya viajado a Bruselas a "defender su proyecto estrella".

También destacó que el Ayuntamiento no ha utilizado el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con mejores condiciones que las del mercado, y lo atribuyó a que estos fondos están sujetos al cumplimiento estricto de las normas de la UE.

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