Las compañías de telecomunicaciones e Internet tendrán que almacenar los datos entre seis meses y dos años, dependiendo de lo que decida cada Estado miembro.
En concreto, deberán mantener un informe sobre quién se comunicó con quién, la hora y el lugar de las llamadas. El contenido actual de las llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto o conexiones de Internet no tendrá que ser guardado.
Los países de la Unión tienen 18 meses para aplicar la nueva normativa, que ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo.
La decisión se inició tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de Londres en julio de 2005, y supone ignorar la oposición de las operadoras europeas, que argumentaban que esto aumentaría sus costes.
Los eurodiputados y los Estados rechazaron las peticiones de que las autoridades les reembolsaran de los costes de almacenamiento de estos datos.
El comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, dijo que las autoridades nacionales ayudarán a aplicar la ley respetando los actuales derechos de privacidad.
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