Anestesistas se niegan a participar en la ejecución de un reo en EEUU, como les había ordenado un juez

Salvado por la campana, pero sólo por siete horas y media.Ésa podría ser la descripción que podíamos hacer de lo sucedido con Michael Morales, un preso de San Francisco que iba a ser ejecutado el martes a las 12.01 a.m. por la violación y asesinato de una joven de diecisiete años en el Condado de San Joaquín, hace diecisiete años.
Morales no fue ejecutado a la hora prevista pues dos de los anestesistas que debían estar presentes en la ejecución por orden de un juez federal se negaron a tomar parte en la ejecución, alegando motivos éticos.   

Ese juez, Jeremy Fogel, había determinado el pasado martes que el estado de California debía cambiar el método que utilizaba para administrar las inyecciones letales durante las ejecuciones, al concluir que la mezcla de componentes químicos utilizados podría constituir un castigo inusual y cruel.

A Fogel le preocupaba que los presos estuvieran conscientes y sufrieran dolores extremos durante la ejecución.

De ahí que el juez ordenara al estado que hubiera un experto presente para asegurar que Michael Morales estaba inconsciente, o que reemplazara la mezcla de sustancias químicas utilizadas hasta la fecha con una dosis letal de barbitúricos.

Los anestesistas aseguraron en un comunicado que no era ético que se les obligara a actuar en el hipotético caso de que Morales se despertara o mostrara síntomas de dolor, una queja que ha sido secundada por las principales asociaciones médicas de EEUU.

A esa situación se llegó porque los abogados del preso habían alegado que no había forma de determinar que el proceso de sedación librara de sentir dolor a su defendido durante la ejecución.

El juez Fogel sentenció que no podía abolir la pena de muerte ni la inyección como método de ejecución, pero sí cambiar ligeramente el procedimiento.

Siete horas y media más de vida

A pesar de todo, los responsables de la prisión aseguraron que seguirían con la ejecución, esta vez a las 7.30 p.m. y siguiendo el segundo de los métodos propuestos por el juez: la inyección de barbitúricos.

A continuación las autoridades anunciaron que retrasarían más la ejecución ante la presión de los abogados de Morales.

La orden de ejecución tiene una vigencia de sólo 24 horas, es decir, hasta la medianoche del miércoles, hora local.

Eso significa que, de no llevarse a cabo , un juz de Tribunal Supremo, tendrá que fijar una nueva fecha en un plazo no superior a 60 días.

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