Azúcar, R. I. P.

Ojo al dato: por cada funcionario en Bruselas, hay tres empleados encargados de presionar para que la política agrícola comunitaria se adapte a los intereses de sus empresas: corporaciones transnacionales que convierten en rehenes a los gobiernos y que tratan la remolacha, pero también la aceituna y las semillas, como meras mercancías y no como lo que son: garantía de cultura, de salud, la vida misma.
Será por eso que no hay dinero para proteger un cultivo que garantiza la vida de nuestros campesinos y sí que lo hay para financiar a los grandes terratenientes: en 1995, dos grandes latifundios propiedad de la duquesa de Alba recibieron más de 373 millones de pesetas en concepto de subvenciones de la PAC. Como lo hay también para financiar a especuladores y propietarios que no ejercen como agricultores, pero concentran el 39,4% de la superficie de las tierras en sus aristocráticas manos. O para financiar ‘cazaprimas’ mediante todo tipo de fraudes.

Sí, el enemigo real de los agricultores son los precios bajos. Pero los precios siguen cayendo: ¿no será porque las fuerzas que los imponen son las mismas que los imponen (altos) para los consumidores?.

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